La mujer acababa de licenciarse en Jurisprudencia y trabajaba por horas en un estudio. Christian 'Chucho' Benítez tenía 10 años cuando dejó de vivir con su madre. Las necesidades económicas apuraron a Rita Betancourt, que decidió emigrar, ­trabajar en Italia y dejar a su pequeño niño al cuidado de su madre, Dorcy López.

La mujer acababa de licenciarse en Jurisprudencia y trabajaba por horas en un estudio. Christian 'Chucho' Benítez tenía 10 años cuando dejó de vivir con su madre. Las necesidades económicas apuraron a Rita Betancourt, que decidió emigrar, ­trabajar en Italia y dejar a su pequeño niño al cuidado de su madre, Dorcy López. Sin embargo, optó por salir del país y percibir más recursos para construirse una casa en Ecuador y para mantener a su hijo y a su madre. Mientras preparaba el viaje, la mujer acudió con su inquieto hijo al cuartel del Pintado, en donde El Nacional tenía una escuela de fútbol, en donde se pulía a los nuevos talentos. Uno de los entrenadores era un viejo conocido: Orlando Narváez, quien jugó con Ermen Benítez, la expareja de Betancourt. "Me voy para Italia, te pido que cuides a mi hijo y le enseñes a jugar", le dijo la mujer al formador de talentos. La madre del goleador viajó a Italia y la separación dejó algunas secuelas: el travieso niño dejó de llamarla mamá y ese nombre heredó su abuela Dorcy. A Rita, Christian Benítez la llamaba tía. Pese a ello, el contacto entre los dos perduró en el tiempo a través de llamadas primero, luego correos y finalmente vía Skype en estos últimos años. Al igual que otros ecuatorianos migrantes, Betancourt ha regresado, de visita, algunas veces al país. También estuvo en México acompañando al 'Chucho' y a su esposa. Ayer, sin embargo, realizó su viaje más doloroso hacia Quito. Tenía previsto llegar en la tarde-noche para estar presente en los funerales de su desaparecido único hijo. Su madre Dorcy, sus primos y sobrinos la esperaban en una casa ubicada en El Inca. La emigrante compró ese inmueble hace varios años y en él ahora viven su madre y dos primos de ella. El lugar era una parada obligatoria para el seleccionado, que en todos los viajes visitaba a su familia materna, aunque sea por pocas horas. En la casa reina la tristeza y sobran las lágrimas en estos días. El lugar de paredes blancas parece un altar en el cual se recuerda a Benítez en cada detalle, en cada fotografía, en cada anécdota. La sala de la casa tiene muebles cubiertos con sábanas. En la parte central hay una enorme pintura del 'Chucho' con la camiseta del América y gritando con furia un gol. Ese cuadro fue traído por el propio jugador en la última visita, realizada en junio. Pero además, las fotografías y cuadros del ariete adornan varios rincones de la edificación, recordando su paso por Santos de Torreón y por el club deportivo El Nacional. López contempla, una vez más, las fotos de Benítez junto a Chalá y tres de sus cuatro hijos: Emily, Cristiano y Kayla. Allí hace una confesión: Rita estaba a punto de volver al país para radicarse. Ella tenía un proyecto junto al 'Chucho'. El goleador de la Selección quería ayudarle a montar su estudio jurídico. Hace 17 años, cuando ella dejó el país, consiguió la licenciatura en Jurisprudencia, pero la idea era que ella concluyera sus estudios, sacara el doctorado. Luego, su hijo futbolista le iba a ayudar con dinero para que tuviera su oficina. "Ahora, todo quedó en nada", dice con pena Dorcy López, quien asegura que su hija ya no querrá quedarse en Quito. Ella también piensa en cambiar de aires: "Luego de que pase todo esto, yo también me voy a regresar a Esmeraldas. Extraño a mi gente". La casa se llenó de periodistas durante la mañana. Los extraños se mezclan con familiares que también llegaron para presentar sus saludos. Manuel Benítez, primo del 'Chucho', dice que extrañará las largas pláticas con su familiar. También extrañará su generosidad, reflejada en presentes y ayuda para toda la familia. "También extrañaré verlo en la cancha. Este ha sido un golpe muy grande para todos nosotros". "Todos los planes quedaron en nada. No creo que ahora mi hija venga a quedarse a vivir". Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/deportes/futbol/Christian_Benitez-futbol-Fallecimiento-estudio_juridico_0_965903466.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

La prohibición por el gobierno de cultivar este tipo de maíz en Francia ya había sido suspendida en 2011 por la justicia en ausencia de argumentos jurídicos, antes de que se decidiera una nueva moratoria en marzo de 2012.

La prohibición por el gobierno de cultivar este tipo de maíz en Francia ya había sido suspendida en 2011 por la justicia en ausencia de argumentos jurídicos, antes de que se decidiera una nueva moratoria en marzo de 2012. “Aplicando el derecho de la Unión Europea, tal y como la interpreta la corte de justicia de la Unión Europea, el Consejo de Estado anuló el decreto del ministro de Agricultura del 16 de marzo de 2012”, indicó el comunicado del Consejo de Estado. Según se desprende así “de la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea”, dicha medida “no puede ser tomada por un Estado miembro más que en caso de urgencia y en presencia de una situación susceptible de presentar un riesgo importante que ponga en peligro de forma manifiesta la salud humana, la salud animal o el medioambiente”, subraya el texto. La ministra de Agricultura de Francia, Stéphana Le Foll, interrogada el jueves por la mañana antes de conocerse el dictamen en la radio Europe 1, y dijo que el Consejo de Estado no es el que decide, si se puede prohibir o no las transgénicos, “solo se apoya en la base jurídica para decir si es o no válida”, expresó. El maíz MON810 de Monsanto es el único transgénico cultivado en Europa. Francia, al igual que otros países europeos (Austria, Hungría, Grecia, Rumania, Bulgaria, Luxemburgo) prohíbe desde 2008 el cultivo en su territorio, pero importa productos genéticamente modificados para alimentación animal o la industria agro-alimentaria. En 2011, tras una decisión de la Corte de Justicia europea, el Consejo de Estado francés ya levantó la suspensión del cultivo aplicado al MON810. El gobierno reaccionó en marzo de 2012 promulgando un nuevo decreto que prohibía temporalmente el cultivo de ese maíz transgénico.

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España es una Institución con una extensa trayectoria histórica a lo largo de numerosos siglos. Ya la Constitución de 1840 declaraba que la Academia tenia como fines “el estudio teórico y práctico de la legislación y jurisprudencia” entendida como “ciencia del Derecho”, fomentando la cultura jurídica y así obtener su realización más perfecta como arte, influyendo en las reformas y en los progresos de la legislación española y del derecho internacional.

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España es una Institución con una extensa trayectoria histórica a lo largo de numerosos siglos. Ya la Constitución de 1840 declaraba que la Academia tenia como fines “el estudio teórico y práctico de la legislación y jurisprudencia” entendida como “ciencia del Derecho”, fomentando la cultura jurídica y así obtener su realización más perfecta como arte, influyendo en las reformas y en los progresos de la legislación española y del derecho internacional. Con este objetivo, en la Real Academia Española siempre se han discutido ponencias y memorias, realizando dictámenes, pronunciando conferencias, organizando cursos, con un solo planteamiento, realizar una labor de investigación y estudio profundo de la legislación y de la jurisprudencia, con el fin de ayudar y resolver consultas planteadas por el Gobierno e Instituciones Oficiales , nacionales y extranjeras. En la sesión celebrada el pasado 24 de junio la Junta de Gobierno de la Real Academia aprobó el ingreso de Javier San Martín como Académico correspondiente, nombramiento que supone para el Colectivo un enorme orgullo y satisfacción. Desde esta nueva posición el Presidente del Consejo General defenderá nuestro papel como Graduados Sociales dentro de esta Institución. Este nombramiento como Académico correspondiente, se ha realizado a titulo personal no institucional, pero el hecho de compaginar su trabajo con las funciones como Presidente del Consejo General de Graduados Sociales, servirá para que nuestros profesionales también estén representados en ésta Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación, como lo estamos ante la Orden de San Raimundo de Peñafort siendo un privilegio su pertenencia a la misma. El ingreso en la Real Academia se llevará a cabo en el último trimestre del presente año mediante la lectura de una conferencia que el Sr. San Martín tendrá el honor de pronunciar y a la que asistirán miembros de este Consejo General para contribuir a celebrar tan importante acontecimiento.

Mediante este ensayo pretendo poner a su consideración algunas ideas e impresiones relacionadas con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) donde parecería que se dibuja una categoría particular de daño, no considerada anteriormente y relacionada al daño ambiental y al daño moral, mas de ninguna forma confundida con los mismos. Más bien, la existencia del daño cultural presupone la existencia de un daño ecológico y genera un sufrimiento y sentido de pérdida que traería aparejada la necesidad de reparar el daño anímico infligido a las víctimas.

Mediante este ensayo pretendo poner a su consideración algunas ideas e impresiones relacionadas con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) donde parecería que se dibuja una categoría particular de daño, no considerada anteriormente y relacionada al daño ambiental y al daño moral, mas de ninguna forma confundida con los mismos. Más bien, la existencia del daño cultural presupone la existencia de un daño ecológico y genera un sufrimiento y sentido de pérdida que traería aparejada la necesidad de reparar el daño anímico infligido a las víctimas. Antecedentes Jurisprudenciales El antecedente inmediato de esta concepción es el caso Aloeboetoe y Otros vs Suriname (Reparaciones, Sentencia del 10.09.1993), donde la Corte tomó en cuenta, en la determinación del monto de las reparaciones, a los familiares de las víctimas, el propio derecho consuetudinario de la comunidad saramaca (los maroons, - a la cual pertenecían las víctimas), dónde prevalecía la poligamia, de modo a extender el monto de las reparaciones de daños a las diversas viudas y sus hijos. La Corte tomó como derecho válido la existencia de ancestrales costumbres de los pueblos indígenas (Derecho consuetudinario indígena) para fijar la responsabilidad estatal. Complementa al anterior Villagrán Morales y Otros vs Guatemala, 2001, donde se subrayó la importancia para el Tribunal de tener presente la intensidad del sufrimiento humano, incluso la que representa para la sociedad: “(...) Aunque los responsables por el orden establecido no se den cuenta, el sufrimiento de los excluidos se proyecta ineluctablemente sobre todo el cuerpo social. (...) El sufrimiento humano tiene una dimensión tanto personal como social. Así, el daño causado a cada humano, por más humilde que sea, afecta a la propia comunidad como un todo. (...) Las víctimas se multiplican en las personas de los familiares inmediatos sobrevivientes, quienes son forzados a convivir con el suplicio del silencio, de la indiferencia y del olvido de los demás” (1). En el fallo Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua (2) se determinó la responsabilidad por daño inmaterial del estado en la violación de derechos a la comunidad Mayagna por la concesión de tierras sagradas a la maderera SOLCARSA. Si bien, la sentencia dictada por la Corte se refiere a “daño inmaterial”, el voto razonado conjunto de los jueces A.A. Cançado Trindade, M. Pacheco Gómez y A. Abreu Burelli determina el contenido del derecho en juego: “La importancia vital que reviste la relación de los miembros de la Comunidad con las tierras que ocupan, no sólo para su propia subsistencia, sino para su desarrollo familiar, cultural y religioso. De ahí su caracterización del territorio como sagrado, por cobijar no sólo los miembros vivos de la comunidad (3), sino también los restos de sus antepasados, así como sus divinidades. De ahí, por ejemplo, la gran significación religiosa de los cerros, habitados por dichas divinidades… El concepto comunal de la tierra –inclusive como lugar espiritual– y sus recursos naturales forman parte de su derecho consuetudinario; su vinculación con el territorio, aunque no esté escrita, integra su vida cotidiana y el propio derecho a la propiedad comunal posee una dimensión cultural. En suma, el hábitat forma parte integrante de su cultura, transmitida de generación en generación”. En el caso Efraín Bámaca vs Guatemala (4), la CoIDH relievó la concepción de familia en la etnia Mam maya que incluye tanto a los miembros vivos y a los fallecidos. Para ella los ancestros juegan importante papel cultural, espiritual y religioso en la comunidad y se encuentran presentes en la familia, como si de un vivo se tratase. El rito del entierro guarda un significado importantísimo de cohesión social y emocional para los individuos, las familias y la comunidad toda; y las honras fúnebres tienen una finalidad triple: “Que el espíritu de dicha persona se reintegre con su cuerpo, se complete su reencuentro con sus antepasados y se cierre (para el fallecido y para la comunidad) el ciclo cultural vida y muerte”. La vivencia de estos ritos funerarios mam son ocasiones de alegría, un portal para que el mundo de los vivos se comunique con el de los muertos a través de ofrendas que el fallecido lleva al “otro lado” y su realización permite la integración cultural de los nuevos miembros a través de su participación, así como la honra de la memoria del difunto. Reside ahí la importancia del cuerpo físico como elemento de la celebración (5). Con la desaparición del cuerpo físico de Efraín Bámaca Velásquez se generó a sus deudos, por una parte, el resarcimiento de daños y perjuicios derivados del delito; el daño moral generado a su cónyuge, padres y hermanos por la ausencia ser querido y del soporte económico, y un daño cultural, de una espiritualidad distinta a la sicológica, que se manifestó en la imposibilidad de que el fallecido se integrara al panteón ancestral, rompiendo la comunidad entre las generaciones. Con esta jurisprudencia de la Coidh se abre un nuevo concepto de daño: el daño espiritual o cultural. Para el estudioso, la aparición de este elemento necesariamente lo lleva a revisar los conceptos tradicionales del Derecho acerca del daño. El daño La palabra daño, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, deriva del latín damnum, que significa “efecto de dañar”, es decir, consecuencia de una acción dañosa. Dañar proviene del vocablo latino damnare, que significa “condenar” y “causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia; maltratar o echar a perder algo; condenar a alguien, dar sentencia contra él; estropearse, deteriorarse. Definición Jurídica. El Derecho, como fenómeno social, busca regular la vida colectiva; no puede hablarse de Derecho sin referirse al hecho social. Mediante el mismo, la sociedad, estableciendo normas generales y obligatorias para sus miembros, efectivizadas voluntariamente o por intervención estatal, pretende alcanzar fines “ideales”, óptimos para perennizarse. Mas, los mismos no pueden lograrse cuando sus individuos arriesgan su persona o su patrimonio sin que existan garantías de respeto a la integridad. Dejar al individuo, a la familia o formas organizadas de asociación sin la debida protección atenta contra la supervivencia misma de la colectividad: Castigar el daño se vuelve indispensable. Los latinos sintetizaron esta necesidad en el principio “Neminem laedere” (a nadie dañar). Este mandamiento social (6) que nutre al Derecho, en especial al Derecho de daños se complementa con la noción de legitimidad, de forma que nadie debe dañar a otro de forma injusta o ilegítima, de ahí, por ejemplo, se permite la legítima defensa. Este axioma se encuentra recogido en el artículo 2241 del Código Civil ecuatoriano (7). El Derecho ha recogido el sentido usual de la palabra dada por la Lengua Española. Alessandri, Somarriva y Vodanovic (“Derecho Civil Parte Preliminar y Parte General”, 1991) se refieren a él como “todo detrimento, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona física o moral (honra, afecciones, libertad, crédito, etc.) o en sus bienes” (8). Tradicionalmente, el Derecho Civil hace referencia a dos tipos de daños, según la esfera que afecte, material, si se lesiona el cuerpo (daño personal) o al patrimonio del sujeto (daño patrimonial); y moral, si menoscaba la esfera ideal de la persona. El daño moral equivale al daño inmaterial por vía de definición negativa. El daño material se divide en daño emergente, deterioro o pérdida efectiva sufrida por el patrimonio personal –y lucro cesante– la frustración del acrecimiento o utilidad patrimonial, la ganancia de la que priva el daño (9). Características del daño El daño, para ser resarcible, debe ser: -Cierto, no eventual o hipotético. Es decir, que se haya producido y sea comprobable su existencia. -Determinable. Que pueda ser avaluado, valorable. -No reparado. Requisito indispensable para la obligación de indemnizar. -Interés legítimo. No debe confundirse con el elemento personal del daño, sino que vulnere un bien jurídicamente protegido de la víctima (10). El daño moral (11) Consiste en el dolor, angustia, aflicción física o espiritual infligidos a la víctima por el evento dañoso. Se ha conceptualizado como el perjuicio sufrido a la psiquis de una persona (12). La doctrina suele hacer una distinción entre los daños extrapatrimoniales que se generan de este tipo de daños: Daños morales autónomos Son independientes de todo daño corporal o material, como las lesiones al honor, a la vida privada, al derecho a la propia imagen, al derecho al nombre de una persona, la lesión a los derechos del cónyuge y todas las lesiones a los derechos de la personalidad, individuales y familiares. Daños morales dependientes Son producto de daños a la persona física del la víctima, que se traducen principalmente en daños materiales a su persona y a su patrimonio (gastos médicos, hospitalarios, pérdida de ingresos durante el tiempo que la persona ha quedado inhabilitada), pero que pueden generar sufrimiento de la persona, tanto por el dolor de las heridas como del producido por la imposibilidad o dificultad para disfrutar plenamente de la vida, pretium doloris (precio del dolor). Los parientes pueden reclamar la reparación del daño en virtud del dolor producido por la lesión a sus sentimientos Pretium affectionis, precio del afecto). Elementos del daño moral Que afecte a un individuo determinado, afecte a derechos personalísimos. Su reparación es ideal, no real. Es subjetivo. En la legislación ecuatoriana, la Ley 171 señala que puede pedirse indemnización por esta clase de daños cuando ocurren los siguientes hechos: a) Quienes manchen la reputación ajena mediante cualquier forma de difamación; b) Quienes causen lesiones; c) Quienes cometan violación, estupro o atentado al pudor; d) Quienes provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios; e) Quienes provoquen procesamientos injustificados; f) Quienes provoquen angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. Las consideraciones del legislador deben tomarse de manera ejemplificativa, pues se entiende que se generará daño moral, en general, de toda acción que dañe la honra ajena. Daño moral colectivo Es cuando con Galdós decimos que existe “la conculcación de intereses extrapatrimoniales plurales de un estamento o categoría de personas, cuya ligazón puede ser, esencialmente, subjetiva u objetiva” (13). Cuando hacemos referencia a este tipo de daños, debemos entender que el daño puede afectar a un solo individuo o a varios considerados colectivamente. Con el advenimiento del estudio de nuevas realidades o comprensiones de la misma y la aparición de nuevas ramas jurídicas, como el Derecho Ambiental y el Derecho de los Derechos Humanos, la característica personalista del daño se ha desdibujado. Se ha empezado a hablar de daños que ya no afectan sólo a un individuo o persona ideal, sino a colectividades enteras. Lo característico de estos daños “grupales” es: a. Que afecte a una colectividad de personas vinculadas subjetivamente, como el caso de los consumidores o usuarios de un determinado producto o cuando un bien colectivo se afecte (Ej., el medio ambiente). b. Que exista lesión a un interés difuso, que afecta a todos y a cada uno de los miembros del colectivo. c. El resarcimiento deba ir normalmente a fondos públicos o a patrimonios públicos de afectación específica, que evitan los conocidos cambios de esos fondos. Daño ambiental Como ha señalado Pérez, en materia ambiental hay que distinguir entre daño económico y daño ecológico. Evaluar el daño económico procede cuando es posible “reestablecer artificialmente las características del ecosistema” (14). La tasación del daño económico está animada por una visión estrictamente antropocéntrica y se orienta a determinar el valor de los recursos naturales destruidos y lo que costarían las operaciones de limpieza, la pérdida monetaria de las comunidades de campesinos, pescadores, cazadores, empresarios, etc. Por otra parte, el daño ecológico afecta al ecosistema y a las especies que lo habitan, daño que es muy difícil de determinar, pudiendo tener hacia futuro consecuencias económicas indecibles e irreparables por la imposibilidad, muchas veces, de reponer el ecosistema (¿Cómo reparar una especie extinta o una contaminación insólita de un derrame petrolero?). Los mecanismos por los cuales el ecosistema se recupera no son conocidos, lo que vuelve difícil una evaluación. Si bien es posible tomar medidas urgentes para hacer cesar el daño o reponer ciertas especies vegetales o animales, cuando esto puede hacerse, generalmente el costo para la naturaleza es muy alto. Al respecto, dice Barrantes Moreno (La Doble Dimensión del Daño Ambiental), “el daño ambiental está formado por dos componentes principales: el daño biofísico (evaluación ecológica) y el daño social (evaluación económica). El biofísico son afectaciones hechas en el medio natural que ocasionan un deterioro de las características del recurso natural. El social son afectaciones a la sociedad manifiestas en la pérdida de beneficios derivados del recurso natural afectado”. El daño ambiental se trata de un daño supraindividual, mas no una suma de daños individuales. Asimismo, no produce una lesión individual a todos ellos, sino que la afectada es la colectividad; como daño difuso afecta simultánea y coincidentemente al grupo. Cada miembro es titular de un fragmento del interés lesionado, y se trata de un mismo y único daño (15). Daño ambiental y daño moral colectivo No puede afirmarse que el daño ambiental sea un daño de naturaleza moral, sino que se encuadra dentro del menoscabo deterioro a un bien colectivo: la naturaleza, el ecosistema. Es lógico pensar que pueden coincidir ambos tipos de daño, mas no son la misma cosa. Las diferencias son varias: el daño moral es netamente subjetivo, ataca a la honra y a otros valores propios de una persona o grupo de ellas y, por ello, conviene demostrar su existencia síquica; mientras que el ecológico es objetivo, cuando se produce hay obligación de indemnización por parte del causante; el daño a la naturaleza es material y no emocional; el daño ecológico es siempre colectivo, el moral puede no serlo. La similitud entre ambas categorías se da sobre todo en el hecho de que resulta difícil su valoración, pues es complicado evaluar la intensidad del daño, el estrago causado en la víctima y en la naturaleza. Daño espiritual o cultural En virtud de la jurisprudencia de la Coidh procederemos a marcar ciertos elementos característicos de este nuevo tipo de daño, a tener en cuenta dentro de una definición del tema: -Es un daño colectivo y difuso. -Se ha dado en el marco de prácticas del Estado para la explotación de recursos naturales, informadas de una visión antropocéntrica de la naturaleza que niega la visión indígena de las relaciones humanas con su entorno. -Es también el choque de dos culturas: la occidental, foránea, y la indígena, autóctona. -En este choque se produce una violación de la cultura no protegida por la visión estatal. -La cultura desprotegida está en riesgo debido a la negación de su cultura por la dominante. -Genera sufrimiento, depresión y afecta el ánimo de los individuos de toda la comunidad, es decir, va acompañada de daño moral, mas no se trata del mismo asunto. El bien colectivo no es la honra y dignidad de la comunidad, aunque trae aparejado ese tipo de daños. Es la vida misma del pueblo, estilo de vida, creencias, deseos, cosmovisión los que están en juego y la lesión es lo que produce sufrimiento. Es un bien distinto al protegido por las normas que sancionan el daño moral. -Es de tal magnitud que su continuación en el tiempo puede producir a mediano o largo plazo el extrañamiento de los individuos, quienes, separados de las condiciones de pertenencia a sus comunidades originales, terminan asimilados por la cultura dominante. -Es una forma de expoliación de la riqueza cultural de los pueblos. -Está asociado a daños socioambientales, no se trata de un daño de estas características. -No se trata de un daño moral, mas su producción va acompañada del primero. -La categoría de este daño es inmaterial y no confundible con el daño ambiental o con el daño moral, aunque son de producción simultánea. -La reparación que se genera como pago a su producción no es susceptible de tasación impositiva. Notas 1. Párrafo 22. Razonamiento del juez Cançado Trindade. 2. En la etapa probatoria del derecho de la comunidad sobre el territorio, se receptaron los informes de varios testigos y peritos. 3. Testimonio de Theodore Macdonald Jr., antropólogo. 4. Efraín Bámaca Velásquez era un agricultor guatemalteco, indígena maya, de 35 años, quien, en virtud de sus cualidades como dirigente indígena, se unió a la Comandancia de la Unión Revolucionara Nacional Guatemalteca (URNG). Tras un enfrentamiento con el Ejército, el 12 de octubre de 1992, Bámaca Velásquez fue aprisionado, torturado y asesinado; sus restos no fueron devueltos a sus familiares lo que constituyó daño de particulares efectos para la comunidad. 5. En el voto razonado del juez Cançado Trindade leemos: “En el presente caso Bámaca Velásquez, la Corte ha debidamente valorado y destacado la importancia del respeto a los restos mortales de una persona y la significación especial de que esto se reviste en particular para la cultura maya, a la cual pertenecía la víctima, el señor Efraín Bámaca Velásquez. En distintas partes de la presente Sentencia, la Corte ha tomado nota de que, para los que pertenecen a aquella cultura, el ciclo cultural formado por la vida y la muerte se cierra con los ritos fúnebres, que proporcionan una “convivencia” de los vivos con los muertos y un “encuentro” entre generaciones. Estos “encuentros” de los vivos con sus muertos tienen toda una pedagogía, que preserva una “cultura integrada”, y posibilita que “valores de tipo ético y moral” sean asimilados por los hijos y nietos, que se benefician de toda la experiencia acumulada. Así, no se trata sólo de un encuentro del muerto con sus propios antepasados, sino también de la proyección de este encuentro en las personas de los vivos, de las nuevas generaciones”. 6. En las Institutas justinianeas se señala los tres pilares del Derecho: “Honeste vivere (vivir honestamente), sum cuoque tribuere (dar a cada uno lo suyo) y neminem laedere (no causar daño a nadie). Expresiones como neminem aequum est cum alterius damno locupletari (para nadie es equitativo lucrarse con daño de otro), neminem laedit qui suo jure utitur (a nadie lesiona quien usa de su derecho); jure naturæ æquuum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem (es de equidad natural que nadie debe enriquecerse en perjuicio o detrimento de otro) son del mismo principio. 7. Artículo 2241. El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro está obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito. 8. Derecho Civil, Parte Preliminar y Parte General. Págs. 389 y 390. 9. Artículo 1599. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento. 10. “A los ya mencionados caracteres del daño, la doctrina suele agregar el que se expresa diciendo que él debe ser personal a quien demanda la reparación y apoya este requisito en el tradicional aforismo, donde no hay interés no hay acción…, pero es preciso anotar que él no… (necesita) que quién la reclama sea el mismo sujeto directamente lesionado por el ofensor...” (Peirano Facio, Responsabilidad Extracontractual, Pág. 375). 11. Artículo 2258-A. En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiere sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta. 12. Artículo 2258. Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se prueba daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral”. 13. Galdós, Jorge M., Derecho Ambiental y Daño moral colectivo: algunas aproximaciones, J.A. 1998-IV- 982 14. Efraín Pérez, Derecho Ambiental, Pág. 129-130. 15. Segundas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, Revista Notarial, N º 877, p. 1642 y ss.; citadas por Mosset Iturraspe, Jorge, obra colectiva Daño ambiental. Juan Cabezas Martínez Es abogado ecuatoriano, magister en Derecho Internacional Económico. Tomado de: revistajuridicaonline.com

Cabildeos con las dependencias federales y mayores tiempos para la logística son algunas de las situaciones que viven los agentes aduanales del país, en vista de que los criterios para la importación y exportación de mercancías son diferentes en cada una de las 49 aduanas de la República Mexicana.

Cabildeos con las dependencias federales y mayores tiempos para la logística son algunas de las situaciones que viven los agentes aduanales del país, en vista de que los criterios para la importación y exportación de mercancías son diferentes en cada una de las 49 aduanas de la República Mexicana. Ante la situación, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de la recién creada Administración General de Auditoria de Comercio Exterior (AGACE), considera en su plan de trabajo la articulación de un sistema nacional para homologar estos criterios, con el objetivo de agilizar el intercambio de mercancías, explicó Yolanda Aguirre González, administradora central de Planeación y Programación de Comercio Exterior. La Administración Central de Asuntos Legales, a cargo de Marcela Robles, es la que trabaja en conjunto con la Administración General de Aduanas (AGA) para que en el corto tiempo sea una realidad. De acuerdo con Yolanda Aguirre, cada aduana interpreta artículos o fracciones de diferente manera, por lo que la tarea de esta administración es homologar criterios y sanciones durante y después del despacho de mercancías. Además de que trabaja en conjunto con la AGA y las distintas entidades federativas para dar certidumbre jurídica a los particulares, dijo. Detalló que “al cierre del año anterior el comercio exterior generó el 68% del Producto Interno Bruto (PIB), además de que el 46% del total del IVA se recaudó en las aduanas, por lo que es necesario dar mayor agilidad a esta actividad”. Adicional a estas acciones, la AGACE y la AGA se encargarán de impulsar la fiscalización electrónica para lograr el principal objetivo de la Ventanilla Única que es el ahorro en el uso de papel, además de la agilización de trámites. Esta administración de nueva creación está constituida por seis áreas, la de Planeación Estratégica, la de Planeación y Programación, la de Asuntos Legales, Investigación y Análisis, Operaciones Especiales y la de Auditoría.

Por evadir impuestos por más de 45 años, así como por perjudicar a trabajadores en sus prestaciones sociales; Infonavit y Seguro Social, este martes se manifestaron obreros de Pasteurizadora Jersey, de la Ciudad de Tijuana en las oficinas del SAT en Otay, informó Martín Pablo Gutiérrez, trabajador de dicha empresa.

Por evadir impuestos por más de 45 años, así como por perjudicar a trabajadores en sus prestaciones sociales; Infonavit y Seguro Social, este martes se manifestaron obreros de Pasteurizadora Jersey, de la Ciudad de Tijuana en las oficinas del SAT en Otay, informó Martín Pablo Gutiérrez, trabajador de dicha empresa. “Nos manifestamos con el fin de que el SAT haga una investigación sobre Pasteurizadora Jersey que evadió impuestos, y también perjudicó a los trabajadores... Este perjuicio en contra de los trabajadores, se da cuenta usted de él, cuando usted llega a una etapa de retiro, que ve usted que no tiene nada en su pensión para retirarse, entonces nosotros, todos los afectados, queremos que Jersey indemnice a los trabajadores de acuerdo a la Ley, porque si Jersey realmente pagara todo lo que no pagó, será algo ya impagable”, expresó. Indicó que son 300 los obreros afectados por los dueños de Jersey, los señores Jiménez. “Y por el licenciado Salvador Martínez, el asesor en fraudes fiscales”, señaló. Exigió que la empresa pague, sin embargo, pidió que no desaparezca. “No queremos que desaparezca, hay mucha gente que trabaja ahí”, concluyó.

Con la finalidad de fortalecer la atención de los trámites relativos a los padrones de Importadores, Importadores de Sectores Específicos y de Exportadores Sectoriales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria informa que a partir del mes de agosto del presente año, los usuarios tendrán a su disposición nuevos servicios para eficientar el cumplimiento de sus trámites.

Con la finalidad de fortalecer la atención de los trámites relativos a los padrones de Importadores, Importadores de Sectores Específicos y de Exportadores Sectoriales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria informa que a partir del mes de agosto del presente año, los usuarios tendrán a su disposición nuevos servicios para eficientar el cumplimiento de sus trámites. Nuevas opciones para los contribuyentes: • Aclaraciones por internet.- Se podrán realizar desde la sección “Mi portal” sin necesidad de acudir a las oficinas del SAT, disponible las 24 horas, los 365 días del año. La plataforma prevé la posibilidad de adjuntar documentos digitalizados referentes a las solicitudes y permite la comunicación directa sobre situaciones específicas de cada contribuyente. • Asesoría telefónica.- A través del 01-800 INFOSAT, opción 7, de lunes a viernes de las 8:00 a las 21:00 hrs, se brindará asesoría sobre requisitos, documentación soporte y el estatus de sus trámites. • Atención personalizada.- Además de las opciones anteriores se ofrecerá la atención directamente en las 67 Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente, para recibir orientación sobre requisitos y consultas del estatus de sus trámites, preferentemente con cita. • Verificación prioritaria de domicilios fiscales.- Los importadores o exportadores que requieran subsanar la no localización de sus domicilios fiscales, podrán solicitar este servicio desde internet, por el portal señalado o directamente en las administraciones locales de Servicios al Contribuyente. Este nuevo modelo tiene como objetivo modernizar los canales de atención al contribuyente y reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes, además de facilitar las operaciones de comercio exterior. Los canales remotos que se están incorporando, además de agilizar la interacción con los contribuyentes, brindan transparencia en la atención ante posibles conductas indebidas. Es importante mencionar que los procedimientos de inscripción y reincorporación a los padrones de Importadores e Importadores Sectores Específicos, se continuarán realizando a través de internet del SAT Por lo que respecta al padrón de Exportadores Sectorial, las solicitudes y documentación soporte de los trámites antes mencionados podrán ser recibidas en cualquier Oficialía de Partes de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de su preferencia y en la ventanilla de la Administración Central de Identificación al contribuyente ubicada en avenida Hidalgo No. 77, Módulo IV, primer piso, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06300. Con estas medidas, se beneficiará a más de 79 mil contribuyentes que se encuentran registrados ante el SAT en los diversos padrones de Importadores y Exportadores. Para mayor información, consulte la página www.sat.gob.mx o bien, llamando al 01 800 INFOSAT (46 36 728). En caso de quejas y denuncias, el SAT pone a su disposición los siguientes medios: www.sat.gob.mx, 01 800 INFOSAT, opción 8, o bien al correo denuncias@sat.gob.mx

A pesar de los esfuerzos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por recuperar los adeudos fiscales que tienen los contribuyentes con la autoridad, la factibilidad de cobro es baja o nula, ya que gran parte de esos recursos están en controversia o el fisco no tiene capacidad para recaudarlos, revelaron datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A pesar de los esfuerzos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por recuperar los adeudos fiscales que tienen los contribuyentes con la autoridad, la factibilidad de cobro es baja o nula, ya que gran parte de esos recursos están en controversia o el fisco no tiene capacidad para recaudarlos, revelaron datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo con el informe de finanzas públicas, de los 525 mil 179 millones de pesos que deben personas tanto físicas como morales, 62% de ellas se encuentran en controversia, es decir, que están en un juicio. Lo anterior significa que 323 mil 418 millones de pesos son créditos fiscales controlados por la administración tributaria y están a cargo de contribuyentes que promovieron medios de defensa y por lo cual no pueden ser objeto de cobro. El número de créditos que están sujetos a una defensa jurídica son 155 mil 545. Además de esos recursos de los que no puede disponer la autoridad, hay otra cantidad importante de pasivos que está clasificada como de baja probabilidad de cobro. En ese rubro, hay 118 mil 698 millones de pesos que difícilmente el SAT podrá recuperar, pues se trata de créditos a cargo de deudores insolventes, no localizados y en comprobación de incobrabilidad. En ese apartado se cuentan 628 mil 754 créditos. De esa manera, los únicos recursos de la cartera de créditos fiscales que están en alguna fase del procedimiento administrativo de ejecución para su cobro apenas ascienden a 83 mil 063 millones de pesos. Significa que sólo 15.8% de los adeudos que tienen los contribuyentes el SAT tiene seguridad de recuperarlos. Ponte al corriente El Programa de condonación fiscal Ponte al corriente, así como una mejoría en la cobranza del SAT, permitieron a la autoridad hacendaria recuperar 48 mil 303 millones de pesos por adeudos fiscales de contribuyentes al primer semestre del año. Esta recaudación de créditos fiscales es la más elevada para un lapso similar, lo que representó que contribuyentes y empresas se acogieron al programa, a fin de regularizar su situación fiscal. De acuerdo con los Indicadores de recaudación del reporte de finanzas públicas, el fisco recobró en estos primeros seis meses del año 3.5 veces más que lo obtenido en el mismo lapso de 2012, cuando el importe de esos recursos fue de apenas 14 mil 184 millones de pesos. Según datos preliminares del SAT, por este programa se recaudaron casi 40 mil millones de pesos, aunque también por el mismo esquema se perdonaron 160 mil millones. Uno de los casos más polémicos por este programa fue el de la condonación de casi 3 mil millones de pesos por un crédito fiscal a Televisa; sin embargo, la autoridad hacendaria reconoció que esta empresa se acogió a este esquema de amnistía como lo podía hacer cualquier contribuyente que buscara regularizarse. Aunque Televisa no fue la única empresa que aprovechó ese programa, sí fue la única que hizo público este reporte, a diferencia de otras que prefirieron no informarlo. El titular de la Unidad de Política de Ingresos de la SHCP, Rodrigo Barros, dijo que si bien el programa Ponte al corriente ayudó a disminuir la cartera de créditos fiscales, ese no ha sido el único factor. “Lo que estamos viendo es resultado de este programa para disminuir la cartera, y además de una mejor estrategia de cobranza por parte del SAT, un esfuerzo más intenso por recuperar la cartera vencida”, dijo.

Buscando salir del estancamiento en Washington, el presidente Barack Obama retó a los republicanos a aceptar un nuevo acuerdo que recortaría la tasa fiscal empresarial a cambio de más inversión gubernamental en programas para la creación de empleos.

Buscando salir del estancamiento en Washington, el presidente Barack Obama retó a los republicanos a aceptar un nuevo acuerdo que recortaría la tasa fiscal empresarial a cambio de más inversión gubernamental en programas para la creación de empleos. Los legisladores republicanos, sin embargo, criticaron inmediatamente la oferta y acusaron al presidente de rehacer propuestas que él de antemano apoya y sin hacer concesiones al partido opositor. Obama hizo la nueva oferta durante una visita a una planta de Amazon.com en Chattanooga, Tennessee. Dijo que "personas serias" en ambos partidos deberían aceptar este acuerdo. "Estoy dispuesto a trabajar con republicanos para reformar nuestro código fiscal empresarial, siempre y cuando usemos el dinero en la transición de un sistema fiscal simple para una inversión importante en la creación de empleos de clase media", dijo Obama. "Ése es el trato". Funcionarios de Washington presentaron la propuesta fiscal corporativa como la nueva idea económica del presidente en los próximos meses. Con los plazos presupuestales cerca, la Casa Blanca busca reenfocar la agenda de Obama en la economía a fin de conseguir el apoyo público para sus ideas e incrementar su ventaja sobre el partido republicano. Tanto Obama como los republicanos han apoyado desde hace tiempo los cambios en el código fiscal empresarial, pero difieren sobre detalles claves, como la tasa exacta y qué debería hacerse con cualquier ingreso generado por los cambios. Johnny Isakson, senador por Georgia y uno de un puñado de senadores republicanos que se reúnen regularmente en la Casa Blanca por asuntos presupuestales, también fustigó al gobierno el martes por buscar dividir la reforma fiscal corporativa de tasas individuales. "Uno no puede hacer eso", dijo Isakson. "Eso nunca se elevará". El senador John McCain, republicano por Arizona y quien también ha estado hablando regularmente con la Casa Blanca, dijo que "todo debería ser negociado, pero seguramente yo no apoyo esto". El desacuerdo fue incluso más profundo entre el liderazgo de los republicanos en la Cámara de Representantes, donde el presidente de ese cuerpo legislativo, John Boehner, acusó a la Casa Blanca de atacar por la espalda a los legisladores con la propuesta. La Casa Blanca dijo después que funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense habían tratado de informar al personal de Boehner el martes sobre la oferta, pero sus llamadas telefónicas no obtuvieron respuesta hasta la mañana siguiente, una vez que había sido detallada en reportes de medios de comunicación. Desde hace tiempo Obama se ha pronunciado a favor de una reducción de las tasas fiscales a las empresas, aunque insistió previamente que una reforma de ese tipo para las empresas debía estar acompañada de una reforma fiscal individual. El presidente se ha desistido ahora de esa exigencia, diciendo que está abierto a la reducción de impuestos que ansían las empresas. Sin embargo, Obama desea que esta reducción fiscal esté acompañada de inversión considerable en algún tipo de programa que cree empleos, como en fábricas, infraestructura o colegios comunitarios. Los republicanos en el Congreso han insistido por mucho tiempo en vincular las reformas fiscales de personas físicas y morales para que los dueños de pequeñas empresas que utilizan el código fiscal individual puedan recibir reducciones junto con las de las grandes empresas.

“Los republicanos han apoyado una reforma al código fiscal por décadas. Pero ahora que el Presidente Obama lo está proponiendo, los republicanos se oponen.”

“Los republicanos han apoyado una reforma al código fiscal por décadas. Pero ahora que el Presidente Obama lo está proponiendo, los republicanos se oponen.” “La propuesta del Presidente reduciría las tasas de interés para negocios e invertiría en medidas creadoras de empleos como la construcción de carreteras y puentes, programas de capacitación laboral, y otorgaría incentivos al sector manufacturero. Pero lo hará de una manera balanceada que incluye recortes presupuestarios consecuentes, acaba con despilfarros en el código tributario, y pide a los negocios que se benefician de intereses bajos que contribuyan su parte justa.” Metro Noticias Las Vegas, Nevada.- El Líder de la Mayoría del Senado Harry Reid hizo hoy las siguientes declaraciones en el pleno del Senado sobre la propuesta del Presidente Obama de reformar el código fiscal e invertir en la infraestructura del país. A continuación su discurso tal como fue preparado: “Cuando el Presidente Obama propuso un plan para simplificar nuestro código fiscal empresarial y reducir las tasas de interés para negocios, esperaba que los republicanos estuvieran muy contentos. Después de todo, hace pocos meses, el Líder de la Minoría Mitch McConnell dijo que estaba dispuesto a considerar un plan que reformará el código fiscal. ‘Esto es lo que dijo: ‘Escuché que el Presidente Obama apoyará el reducir la tasa de interés del código fiscal empresarial. Y si el en verdad quiere hacer algo al respecto, nuestra respuesta será, si’. “Pero es fascinante ver lo rápido que cambió la respuesta del Senador McConnell de ‘si’ a ‘no’. Los republicanos han apoyado una reforma al código fiscal durante décadas. Pero ahora que el Presidente Obama lo está proponiendo, los republicanos se oponen. “La propuesta del Presidente reduciría las tasas de interés para negocios e invertiría en medidas creadoras de empleos como la construcción de carreteras y puentes, programas de capacitación laboral, y otorgaría incentivos al sector manufacturero. Pero lo hará de una manera balanceada que incluye recortes presupuestarios consecuentes, acaba con despilfarros en el código tributario, y pide a los negocios que se benefician de intereses bajos que contribuyan su parte justa. “Hasta el Presidente de la Cámara Boehner ha apoyado esta medida en el pasado. Esto es lo que dijo hace dos años: ‘Si queremos que los estadounidenses regresen a trabajar, creo que es de suma importancia que reduzcamos las tasas de interés para los negocios. Y para hacer eso, creo que debemos poner atención a los gastos tributarios – las deducciones, créditos, y otras artimañas que se han acumulado en el código fiscal durante los últimos 30 años’. “No digo esto con frecuencia, pero el Presidente de la Cámara Boehner tiene razón. Y esta es la manera balanceada de reducir el déficit que el pueblo estadounidense apoya: un código fiscal que reduzca las tasas de interés y haga a nuestros negocios más competitivos, pero que también genere ingresos para invertir en la creación de empleos. “Tal como dijo el Presidente Obama, si vamos a darle un mejor trato a los negocios, debemos darle un mejor trato a los trabajadores también. Podemos usar el dinero que ahorremos al simplificar el código fiscal para crear empleos – empleos que jamás podrán ser mandados al extranjero. Los demócratas y los republicanos conseguirán algunas de las cosas que desean, y la economía recibirá el impulso que necesita. “Ya hemos recortado el déficit por la mitad en los últimos tres años. Los demócratas saben que aún queda mucho por hacer. Pero no apoyaremos ningún plan que balancee el presupuesto mediante la eliminación de empleos y que perjudique a la clase media, mientras que los individuos más ricos y las corporaciones no sufren las consecuencias. “Y los demócratas saben que debemos reemplazar los recortes presupuestales ásperos de los últimos años con la creación de empleos que pongan a la clase media en el camino a la prosperidad otra vez. Deberíamos invertir en áreas como la infraestructura y la educación – áreas que siempre han fortalecido y traído éxito a nuestro país.”

El presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo este sábado que el gobierno central eliminará los impuestos a la taquilla de los espectáculos en vivo, a fin de incentivar la llegada de artistas de mayor envergadura al país, similares a los que llegan a Perú y Colombia.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo este sábado que el gobierno central eliminará los impuestos a la taquilla de los espectáculos en vivo, a fin de incentivar la llegada de artistas de mayor envergadura al país, similares a los que llegan a Perú y Colombia. "El promotor artístico perdía cerca del 52% de la ganancia en conciertos, entre impuestos municipales y del gobierno central", aseguró Correa el sábado durante su informe semanal de labores y agregó que "de esa manera no se hacen espectáculos mientras que en Perú y Colombia llegan artistas de nivel mundial". El mandatario aseguró que "se eliminarán por ley los impuestos sobre taquilla para espectáculos en vivo y con eso se logrará traer grandes espectáculos al país". Ecuador vive un buen momento económico aunque la oferta de espectáculos de nivel internacional es casi nula, siendo relegado por populares artistas como The Cure o Pearl Jam durante sus giras sudamericanas, de las cuales los vecinos Perú y Colombia sí forman parte. "Este impuesto se calculaba sobre ingresos, no sobre beneficios. Entonces se podían vender muchas entradas, 500,000 dólares de taquilla pero en el espectáculo gasta 450,000 y solo ganaba 50,000 dólares. El impuesto se cobraba sobre la venta, todo eso está siendo corregido", explicó Correa.

La fiscalía alemana levantó cargos este martes contra el Presidente del Bayern Munich, Uli Hoeness, por evasión contributiva.

La fiscalía alemana levantó cargos este martes contra el Presidente del Bayern Munich, Uli Hoeness, por evasión contributiva. Hoeness declaró este año a las autoridades que tenía una cuenta secreta en un banco suizo. La noticia del caso contra Hoeness, una de las figuras más prominentes del fútbol alemán, salió a la luz pública en abril. Ken Heidenreich, vocero de la fiscalía de Munich, rehusó comentar sobre la acusación. "Radicamos los cargos ante el Tribunal del estado de Munich", dijo Heidenreich. "Ahora la defensa tiene un mes para responder". “El Tribunal después tendrá que fijar una fecha para el juicio, desestimar los cargos o pedir una pesquisa más amplia antes de tomar una decisión”, indicó Heidenreich. “No calculó cuánto demorará esa decisión”. La Junta Directiva del Bayern respaldó a Hoeness en mayo para permanecer en el cargo, a pesar de la investigación en su contra. El club dijo entonces que Hoeness se disculpó y ofreció ceder temporalmente sus funciones a espera del desenlace del caso, pero la junta le pidió unánimemente que se quedara. Bayern conquistó un triplete histórico la temporada pasada —Bundesliga, Champios League y Copa de Alemania— y es favorito esta campaña tras la llegada del técnico Pep Guardiola. Como jugador, ganó la Eurocopa de 1972 y el Mundial de 1974 con la selección alemana, y tres títulos consecutivos de la Eurocopa con Bayern.

El regreso a clases es una época de preocupaciones y gastos para los padres de familia, es por eso que algunos centros comerciales le quieren dar una “ayudadita” a las familias.

El regreso a clases es una época de preocupaciones y gastos para los padres de familia, es por eso que algunos centros comerciales le quieren dar una “ayudadita” a las familias. Los padres que quieran ahorrar un buen “dinerito” podrán hacerlo el próximo fin de semana en algunos centros comerciales de Dallas. El viernes 9 de agosto al domingo 11 de agosto, varios centros comerciales eliminarán los impuestos en algunos útiles escolares, tendrán ofertas, cupones y vacunas gratis. A continuación una lista de lugares y horarios donde tendrán menos impuestos:

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nominó hoy a John Koskinen para liderar el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS), tras el escándalo desatado después de conocerse que esa entidad hizo un excesivo escrutinio especialmente a grupos de tendencia conservadora.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nominó hoy a John Koskinen para liderar el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS), tras el escándalo desatado después de conocerse que esa entidad hizo un excesivo escrutinio especialmente a grupos de tendencia conservadora. Koskinen es un exejecutivo del gigante hipotecario intervenido por el Gobierno Freddie Mac y fue el segundo de la alcaldía de Washington entre 2000 y 2003. Necesitará la confirmación del Senado para convertirse en el nuevo comisionado del IRS y “es un experto en dar la vuelta a instituciones en necesidad de reforma”, indicó Obama en un comunicado al anunciar su nominación. “Cada parte de nuestro gobierno debe operar con absoluta integridad y eso es especialmente cierto para el IRS”, según Obama, quien se mostró seguro de que Koskinen hará “lo que sea necesario” para “restaurar la confianza del público” en esa agencia tras el escándalo. Fue un informe del Inspector General del IRS el que destapó el excesivo escrutinio realizado a grupos de tendencia conservadora. De acuerdo con ese reporte, el IRS seleccionó para una revisión especial a cerca de 300 grupos que habían solicitado una exención de impuestos, de los que 72 llevaban como nombre alguna alusión al movimiento Tea Party, 13 tenían la palabra “patriota” y otros 11 mencionaban “9/12”, en referencia al “Proyecto 9/12” del columnista conservador Glenn Beck. Grupos de tendencia progresista también fueron objeto de una supervisión similar a la ejercida sobre otros conservadores por el IRS, según documentos divulgados recientemente por el legislador demócrata Elijah Cummings. Tras el escándalo Obama nombró a Daniel Werfel como comisionado interino para el IRS y dijo que permanecería en el cargo hasta finales de septiembre

El Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS por sus siglas en inglés) es una organización independiente dentro del IRS que ayuda a los contribuyentes quienes se encuentran en problemas con los impuestos federales que no han logrado resolver. Aquí le presentamos 10 cosas que todo contribuyente debe saber sobre el TAS:

El Servicio del Defensor del Contribuyente (TAS por sus siglas en inglés) es una organización independiente dentro del IRS que ayuda a los contribuyentes quienes se encuentran en problemas con los impuestos federales que no han logrado resolver. Aquí le presentamos 10 cosas que todo contribuyente debe saber sobre el TAS: Encuentra más consejos sobre impuestos 1. El Servicio del Defensor del Contribuyente es su voz ante el IRS. 2. Podrías ser elegible para recibir ayuda de TAS si ha intentado resolver su problema tributario por medio de las vías normales dentro del IRS y no ha podido hacerlo, o si cree que algún procedimiento del IRS simplemente no está funcionando como debiera. 3. El servicio ayuda a aquellos contribuyentes cuyos problemas tributarios les están causando dificultades económicas. Esto incluye negocios, organizaciones e individuos. 4. Hareán todo lo posible por resolver tu problema y el servicio siempre es gratis. 5. Si calificas para recibir asistencia, se te asignará un defensor que permanecerá contigo durante todo el proceso. 6. Tienen al menos un defensor del contribuyente local en cada estado, el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Para comunicarse con su defensor local: • Visita el sitio Web: www.irs.gov/advocate • Llama a la línea gratuita, 1-877-777-4778 • Busca en su guía telefónica • Ve la Publicación 1546(SP), El Servicio del Defensor del Contribuyente – Su Voz Ante el IRS. 7. La herramienta en www.taxadvocate.irs.gov contiene información básica sobre los impuestos, detalles sobre créditos tributarios, entre otras cosas. 8. Además, TAS se encarga de resolver problemas de gran escala o problemas sistémicos que afectan a muchos contribuyentes. Si conoces alguno de estos asuntos, favor de reportarlo aquí: www.irs.gov/sams 9. Puedes recibir actualizaciones visitando: a. Facebook – www.facebook.com/YourVoiceatIRS b. Twitter – www.Twitter.com/YourVoiceatIRS c. Youtube – www.youtube.com/TASNTA 10. TAS está disponible para ayudarte porque cuando se trata de un problema de impuestos, recuenta que lo peor que puede hacer es no hacer nada.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, informa que el día de hoy realizó 27 actos de fiscalización de manera simultánea en ciudades de nueve entidades federativas: Aguascalientes, León, Guadalajara, San Pedro Garza, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Mérida y Zacatecas, esto como parte de un operativo simultáneo, dirigido a auditar despachos de asesores que ofrecen la venta de facturas para simular operaciones fiscales, así como a las empresas que las han utilizado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, informa que el día de hoy realizó 27 actos de fiscalización de manera simultánea en ciudades de nueve entidades federativas: Aguascalientes, León, Guadalajara, San Pedro Garza, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Mérida y Zacatecas, esto como parte de un operativo simultáneo, dirigido a auditar despachos de asesores que ofrecen la venta de facturas para simular operaciones fiscales, así como a las empresas que las han utilizado. En el operativo en el que participaron 85 elementos, se intervinieron 4 despachos: dos en Aguascalientes, uno en Oaxaca y uno en Mérida y se iniciaron 7 actos de fiscalización a empresas facturadoras de operaciones simuladas, 11 a empresas que deducen las operaciones simuladas y cinco más a personas que ofrecen esquemas agresivos de evasión. En Aguascalientes, en coordinación con la Secretaría de Finanzas del Estado y el apoyo de Seguridad Pública de la entidad, se realizaron acciones en ocho puntos de la ciudad, cuatro de ellas en despachos de asesores de la región, relacionados con un probable evasor fiscal originario de Oaxaca ─hoy prófugo de la justicia por ese delito─, además, se iniciaron acciones contra tres empresas con los giros de autotransporte, construcción y uniformes; así como en las oficinas de un asesor que ofrece entre sus servicios comerciales la planeación fiscal indebida. En León, Guanajuato, se iniciaron auditorías a una empresa procesadora de metales y a una agencia automotriz; el mismo operativo fue aplicado en otra agencia en la ciudad de Querétaro, y se identificó que estas empresas utilizan facturas para amparar operaciones simuladas. En Guadalajara, Jalisco, se realizaron cinco acciones contra asesores fiscales, así como a empresas que simulan el pago de dividendos sin retención alguna y a sus beneficiarios, por acreditación indebida de impuestos. Esta misma situación se replicó en San Pedro Garza, en Monterrey, donde el operativo se ejecutó en dos domicilios y en condiciones similares se efectuaron auditorías en Zacatecas. En Mérida, Yucatán, se revisó una conocida Sociedad Civil Particular Cque sólo pueden crearse de acuerdo con las disposiciones de la legislación de esta entidad y que operan ya en todo el país-, así como a cuatro empresas: un club deportivo, una comercializadora de telefonía celular, una proveedora agrícola y una asesora de proyectos, que se beneficiaron con la utilización de facturas simuladas. En Oaxaca, en coordinación con la Secretaría de Finanzas de la entidad y con la colaboración de elementos de Seguridad Pública estatal, se realizó la intervención fiscal en dos despachos de asesores, así como en una empresa dedicada a la venta de tractores. El Servicio de Administración Tributaria refrenda en los hechos el compromiso del Gobierno de la República, para salvaguardar la economía de los mexicanos y reitera la firmeza con la que se actuará para combatir la defraudación y evasión fiscal que promueven algunos despachos al interior del país.

Esta semana nos encontramos con las noticias “rumorológicas”, y mas sobre la próxima reforma hacendaria. Desde varios frentes, el presidente Peña Nieto está tratando de “sensibilizar” su propuesta, así como dar amenazas “sutiles” sobre lo que pasaría si no se aprueban las mismas.

Esta semana nos encontramos con las noticias “rumorológicas”, y mas sobre la próxima reforma hacendaria. Desde varios frentes, el presidente Peña Nieto está tratando de “sensibilizar” su propuesta, así como dar amenazas “sutiles” sobre lo que pasaría si no se aprueban las mismas. La primera reforma que ya se libró del gobierno fue la energética, al hacer pública su “propuesta” (que no es más que la misma que la del gobierno federal) el grupo parlamentario del PAN. Y por otro lado, el PRD ya amenazó con despertar al “México bronco” (¿qué no ya despertó? Todos los días vemos inseguridad, venganzas, homicidios, en una escala mayor que las muertes de la Revolución Mexicana), si se privatiza un monstruo inoperante como lo es la compañía estatal de petróleos Pemex, la cual genera pérdidas importantes de forma escandalosa, mientras sus pares en otras partes del mundo son rentables, dan utilidades jugosas a sus accionistas y perfeccionan sus métodos de extracción y de refinación del mismo. Estoy de acuerdo con el PRD en que es imposible pensar en privatizar la industria petrolera, pero estoy en contra de ver los excesos de un sindicato que tiene un líder que es considerado uno de los más ricos de México, y miles de “aviadores” en la empresa que sólo implican un lastre. Y por consecuencia de esas pérdidas, ahora Videgaray busca recursos que no le podrá dar Pemex por otros medios. Y es allí donde llega la reforma hacendaria. El mismo Manlio Fabio Beltrones ya pone un escenario catastrófico, diciendo que si queremos que el país crezca, se aprueben las tres reformas pendientes, la energética, la financiera y la hacendaria. Ese cuento ya no me lo trago. Lo mismo dijeron con la reforma en telecomunicaciones y no ha pasado nada desde que se aprobó. Igual con la reforma laboral que iba a hacer más productivas las empresas, equitativo el trabajo y responsable el pago de los salarios. Y no ha ocurrido nada. Los juicios laborales siguen siendo una pesadilla para los involucrados en el mismo y las “chicanadas” de más de un pseudo abogado laboral, que lo único que busca es ganar dinero en lo personal, en perjuicio tanto del trabajador como de la empresa. Y es así como en un ambiente de incertidumbre económica internacional, con un subejercicio en muchos de los rubros del presupuesto de egresos y la caída de los ingresos petroleros, que el señor Videgaray quiere aumentar los ingresos del gobierno, a través de la fórmula más antigua y fácil de todas, el aumento de las contribuciones que todos debemos hacer al gobierno. Teniendo en cuenta que más del 50 por ciento de los ingresos de la economía en México deriva de la economía informal “legal”, término un poco absurdo pero que se refiere a todas aquellas personas que tienen una actividad lícita, pero que no pagan impuestos ni contribuciones de ningún tipo, en los rumores aparecidos en los diarios, tenemos que la propuesta hacendaria más que buscar aumentar la base de contribuyentes, busca aumentar los impuestos. Si bien es cierto, la propuesta de la fusión de los dos impuestos a los ingresos que se tienen, tanto el ISR como el IETU está contemplada, la propuesta iba en el sentido de dejar un solo impuesto, con pocas exenciones, pero básicas para todo negocio o persona que se dedique a una actividad lícita y una tasa fija para todos los casos, no escalable, de cerca del 25 por ciento. El gobierno parece ser que quiere aumentar ese porcentaje al 37 por ciento de impuesto. ¿Saben que ocurrirá en este caso? Pues que habrá más informales, ya que parece simplemente hasta irrisorio que el gobierno quiera ser socio de cualquiera de nosotros en un casi 40 por ciento de lo que se gana en las mismas. Sí, lo sé, Videgaray argumenta que en el mundo es lo que se cobra, pero se le olvida que México no es el mundo. Además, quiere homologar el IVA para todos los productos al 16 por ciento. Esto llevará a tener más pobres en lugar de tener mayor riqueza. Y si hay más informales y más pobres el gobierno tendrá por tanto menos recursos. Un círculo vicioso perverso. ¿Qué hacer entonces? Estimado secretario Videgaray, la solución está en hacer más productivas las empresas, que se fomente el empleo y la creación legal de empresas a través de tres simples retos que usted ya sabe que se deben hacer, pero que por omisión o negligencia no ha querido hacer. El primero es la facilidad para abrir y cerrar negocios legales, siempre buscando que no haya perjuicio para ninguna de las partes involucradas en el negocio. Es un calvario tanto abrir como cerrar por quiebra o no ser rentable un negocio en México, parecería que estamos ante uno de los infiernos de Dante. El segundo, que la movilidad laboral sea la que la reforma propone, que no haya tantos juicios injustos donde el trabajador gana sin tener la razón o el patrón abuse del mismo. Y tercero, que el pago de impuestos sea lo más sencillo posible, y a una tasa JUSTA. Parece que está en su cancha este último punto, espero que reflexione y ponga en marcha un programa de pago de impuestos más ágil y sencillo además de que sea a tasas justas. comenta José de Jesús González Serna.

Un eventual incremento en la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las personas de mayores ingresos del país no necesariamente se traducirá en una mayor recaudación para el gobierno federal, aseguraron fiscalistas de la firma Baker and McKenzie (B&M).

Un eventual incremento en la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las personas de mayores ingresos del país no necesariamente se traducirá en una mayor recaudación para el gobierno federal, aseguraron fiscalistas de la firma Baker and McKenzie (B&M). En conferencia de prensa, el socio del área de impuestos de la empresa, Héctor Reyes, aseguró que en materia de tributación hay una regla que dice que a mayor tasa menor recaudación. “En la medida en que tengamos tasas muy altas la tendencia es que la recaudación se viene a la baja, porque nadie está dispuesto a poner sobre la mesa un porcentaje de sus ingresos en el pago de impuestos”, explicó. Será al comienzo del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión (en septiembre) cuando el Ejecutivo presente su propuesta de reforma hacendaria, de la cual hay algunos especialistas que prevén que se planteará una tasa diferenciada en el ISR para las personas de mayores recursos. Actualmente la tasa de ese gravamen es de 30%, aunque hay versiones que establecerían un nuevo parámetro de 37% para las personas con más altos ingresos. “Me parece que en México tenemos una tasa del ISR competitiva en función de los niveles que tienen los países de la OCDE, lo ideal sería dejarla así, porque de lo contrario, estaríamos yendo contra las tendencias internacionales que van más sobre impuestos indirectos”, abundó el fiscalista. El socio legal de B&m, Luis Carbajo-Martínez, expuso que si el gobierno decide poner una tasa más elevada para las personas de mayores ingresos, éstas van a tener mecanismos para tratar de eludir o de evadir el pago de impuestos. Por eso, el experto de la firma argumentó que la tendencia internacional es recargar más la parte de la tributación sobre aquellos impuestos indirectos (IVA) pues son más fáciles de administrar y fiscalizar. “El consumo es donde podemos incrementar los tributos de manera fácil y efectiva”, añadió. Los representantes de la firma reconocieron que ante una eventual reforma hacendaria que elimine los incentivos y prestaciones que tiene el sector maquilador mexicano podría provocar menos inversiones a esa industria y restarle competitividad ante el exterior. Héctor Reyes reconoció que de acuerdo con los lineamientos del Pacto por México se prevé la eliminación de algunos regímenes especiales y ante una posible homologación del IVA a ese sector se le podría incrementar el costo financiero por el pago impuestos, al grado de superar sus utilidades. Para los expertos este es un sector fundamental en la actividad económica de México, pues genera más de 2.2 millones de empleos.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció este miércoles que la tasa de recaudación en impuestos de la nación suramericana se ubica en julio en 80 mil millones de pesos, lo cual significa un crecimiento de 30,5% respecto a julio de 2012.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció este miércoles que la tasa de recaudación en impuestos de la nación suramericana se ubica en julio en 80 mil millones de pesos, lo cual significa un crecimiento de 30,5% respecto a julio de 2012. Durante la celebración de los 159 años de la bolsa de comercio de Argentina, indicó que esta recaudación significa un hecho histórico para el país, pues esta cifra se logró sin crear impuestos. Asimismo, dijo que en derechos de importación se logró el récord de recaudación de más de 5 mil millones de pesos, es decir 41% más que el mes de julio del año pasado. Expresó que para hacer crecer la economía es necesario aumentar la capacidad de contribuyentes, sin embargo destacó que aún existen personas que evaden sus deberes y aumentan la base imponible. Fernández resaltó que la intermediación financiera es la actividad con mayor incremento, con 55,6% respecto a 2001. "El sector financiero paga desde el 2003 a la fecha 14 veces más impuestos a las ganancias, lo que significa 1.400% más", explicó. Destacó que la inversión anual en contribuciones y para las más de 7.000.000 de personas jubiladas en Argentina es de 292.192.000 pesos, que significa una inversión de 8 % del Producto Interno Bruto (PIB). Dijo que todas las leyes, entre ellas la nueva Ley de Mercado de Capitales, que fue promulgada 27 de diciembre de 2012, han permitido el mayor grado de desendeudamiento del que se tenga memoria en toda la historia de Argentina.

La falta de un reglamento y el lapso de un mes para su publicación que dará formalidad a la ley antilavado de dinero, está creando confusión, inseguridad e incertidumbre en la ciudadanía.

La falta de un reglamento y el lapso de un mes para su publicación que dará formalidad a la ley antilavado de dinero, está creando confusión, inseguridad e incertidumbre en la ciudadanía. El contador publico certificado, Jorge Neftalí de la Cruz, socio del colegio de contadores de Baja California advirtió que existe una interrogante en torno a qué va pasar con aquellas operaciones que contempla dicha ley, que ya está en vigor, aún y cuando no se publica su reglamento. De acuerdo con las autoridades hacendarias, el reglamento será publicado hasta el próximo 17 de agosto, para entonces habrá pasado un mes, durante el cual se realizaron diversas operaciones que encuadran obligaciones conforme a la citada legislación. "Hay unas obligaciones que aún no está claro quien las va cumplir, en el caso de venta de inmuebles, si el pago mensual de una ama de casa recibe 4 o 5 mil pesos, si los puede recibir en efectivo o no... esa disposición aún no está muy clara, y en este mes que estamos haciendo estas operaciones no sabemos cómo le vamos a hacer para cumplir", comentó De la Cruz. Primero estamos sintiendo una inseguridad las empresas de poder cumplir con lo que establece la ley, y en caso no se cumplan porque se interpreten que no tenía obligación, pues podrían imponerle multas que van desde los 19 mil hasta 4 millones por actividades no identificadas. De todo esto surge una interrogación, indicó el contador, porque si la ley se publicó hace 9 meses, porque no publicar el reglamento antes de la vigencia de ley para que estuviera claro y hubiera menos confusiones y así evitar posibles errores. Ahorita lo que se recomienda es tener una forma más ejecutoria de cumplir con las obligaciones y de haber confusión, mejor hacer lo imposible por cumplir con lo que establece la ley.

Un padrón de 30,000 personas de la Población Económicamente Activa (PEA) trabajan bajo el esquema de honorarios, siendo la mayoría profesionistas, informó Sergio Ledezma Martínez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro (CCPQ). En Querétaro, la PEA es de 1.2 millones de personas, en tanto que esta cifra representa casi 2.4 por ciento.

Un padrón de 30,000 personas de la Población Económicamente Activa (PEA) trabajan bajo el esquema de honorarios, siendo la mayoría profesionistas, informó Sergio Ledezma Martínez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro (CCPQ). En Querétaro, la PEA es de 1.2 millones de personas, en tanto que esta cifra representa casi 2.4 por ciento. “Los servicios que se prestan son personales, profesionales y la desventaja es que no se cuenta con prestaciones, porque no hay una relación laboral”, comentó. Dentro de este esquema, se dan casos de prestadores de servicios de manera simulada, quienes aplican ciertas estrategias para no tener una carga social, por lo que se podría hablar también de la figura de honorarios asimilados. “Dicen algunas personas que pagan bajo este concepto porque no se tiene derecho a prestaciones. Y la verdad es que hay que ser muy cuidadosos, porque el hecho de que le llamen así no quiere decir que no tenga la carga o el derecho”, explicó. Para el Colegio de Contadores –consideró-, es necesario que se identifique qué tipo de operaciones están teniendo con las personas para que, si se trata de un salario, se cumpla con la carga social y la responsabilidad. “Que se observe la obligación que establece la ley, sobre todo con el pago de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Infonavit, a partir de la relación laboral es más económico pagar que no cumplir”, advirtió.

Trascendió que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha negado a dar trámite a demandas de algunas empresas del sector. Gonzalo Martínez Pous, comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, refirió que los tiempos de la reforma son apretados y hasta el momento no hay información con respecto a si se podrán cumplir en cuanto al establecimiento de los tribunales especializados en telecomunicaciones.

Trascendió que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha negado a dar trámite a demandas de algunas empresas del sector. Gonzalo Martínez Pous, comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, refirió que los tiempos de la reforma son apretados y hasta el momento no hay información con respecto a si se podrán cumplir en cuanto al establecimiento de los tribunales especializados en telecomunicaciones. Manifestó que en caso de no cumplirse los tiempos establecidos no hay sanción, pero se entraría en la falta de una disposición constitucional. El Consejo de la Judicatura Federal debe pronunciarse con respecto al tratamiento que se le dará a los asuntos de telecomunicaciones hasta que se establezcan los tribunales especializados, para dar certidumbre jurídica a las empresas, coincidieron especialistas. Irene Levy, presidenta de Observatel, dijo que es necesario que haya certidumbre y un pronunciamiento del Consejo de la Judicatura para conocer si en el periodo en el que se creen los tribunales especializados y las empresas presentan recursos, se rechazan o se admiten debido a la entrada en vigor de la reforma. El próximo 12 de agosto se cumple el primer plazo de 60 días de vigencia de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que establece la creación de juzgados y tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. De acuerdo con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, los actos de las autoridades en dicha materia y en competencia económica sólo podrán ser impugnados mediante amparo indirecto ante jueces de distrito especializados. Aunque en el caso de las tareas encomendadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones, si se incumplen los plazos, sí sería posible ser sujeto de amparos. Por su parte, Irene Levy coincidió con Martínez Pous en cuanto a que los tiempos que establece la reforma son apretados. “Hay que ver si se presentan recursos y si se están rechazando porque ya entró en vigor la reforma debido a que hay una instrucción en el sentido de que le corresponden ahora dichos asuntos a las nuevas instancias”.

Un tribunal federal y una sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emplazaron al Instituto Federal Electoral (IFE) para que en un plazo de tres días hábiles, que vence el próximo jueves, paguen un adeudo que el organismo tiene con una empresa de venta de equipo de cómputo que fue contratada en el año 2006 para proporcionar servicios de tecnología.

Un tribunal federal y una sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emplazaron al Instituto Federal Electoral (IFE) para que en un plazo de tres días hábiles, que vence el próximo jueves, paguen un adeudo que el organismo tiene con una empresa de venta de equipo de cómputo que fue contratada en el año 2006 para proporcionar servicios de tecnología. La compañía Microvar S.A presentó hace siete años una demanda de incumplimiento de contrato que el IFE litigó y perdió ante todas las instancias judiciales a las que tenía derecho para defenderse. En mayo pasado, el segundo tribunal colegiado ordenó a la Primera Sala del TFJFA emitir una nueva sentencia en la que condenara al IFE al pago inmediato de 742 mil 758 pesos más intereses devengados. El pasado lunes, en acatamiento al fallo del tribunal colegiado, la sala del TFJFA emplazó al IFE para que en los próximos tres días pague el adeudo que tiene desde 2006 con Microvar, y de acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el monto podría llegar hasta los 3 millones de pesos, una vez que se cuantifiquen los intereses. Si el IFE no paga su deuda, la empresa demandante podrá solicitar al Poder Judicial Federal (PJF) que inicie un incidente de inejecución de sentencia y pedir que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie una averiguación previa por el delito de abuso de autoridad. El área del IFE responsable del pago a proveedores es la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, la cual no ha hecho hasta el momento algún pronunciamiento oficial sobre este juicio. Constancias del expediente 14932/2006 de la Primera Sala del TFJFA, al que tuvo acceso La Jornada, refieren que además de la cantidad establecida como suerte principal del adeudo, el IFE “deberá pagar los cargos financieros a razón del 1.5 por ciento mensual a partir de la fecha de retención de 742 mil 758 pesos, siendo esta el 28 de febrero del dos mil seis, fecha en la que se firmó el contrato de donde deriva el retraso en el pago. “Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo y 8º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2005”, indica la sentencia. El abogado Jesús Alberto Guerrero Rojas, director general del Corporativo Jurídico Mexicano (CJM) y representante legal de la empresa Microvar informó a este diario que envió al IFE una propuesta de acuerdo de liquidación del adeudo, pero el organismo electoral aún no le ha dado una respuesta. Este no es el único juicio que tiene en jaque al IFE. Desde hace varios años el instituto está enredado en un juicio contra las empresas proveedoras del Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado (SIATE), que vigila la difusión de millones de spots de los partidos en todo el país, a las que tiene que seguir pagando por los servicios de mantenimiento mientras se resuelve el litigio. Una juez federal absolvió a las cinco empresas responsables del servicio, a las que el IFE demandó por la vía civil en noviembre de 2011 para exigir el adecuado cumplimiento del contrato y el pago de por lo menos 12.8 millones de pesos. Se trata de las empresas Grupo de Tecnología Cibernética, Sistemas para Imágenes y Computación, Excelencia en Comunicaciones, Pocomar y Tecnología Tecnus, que a finales de 2008 ganaron un contrato de 29 millones de dólares para instalar el sistema de monitoreo que comenzó a funcionar en las elecciones federales de julio de 2009. La sentencia absolutoria, dictada el 21 de enero pasado fue impugnada y el IFE está a la espera de la sentencia definitiva.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ocupa el primer sitio en el número de quejas presentadas ante la Procuraduría de Defensa de Contribuyentes (Prodecon), de acuerdo al corte estadístico del día 19 de julio de este 2013.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ocupa el primer sitio en el número de quejas presentadas ante la Procuraduría de Defensa de Contribuyentes (Prodecon), de acuerdo al corte estadístico del día 19 de julio de este 2013. El SAT tiene mil 421 quejas y enseguida aparece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 170 y después el Infonavit con 59, señala Prodecon en su portal de Internet. Reportó que a través de su intervención de los casos concluidos se han resuelto 334 quejas favorablemente, lo que representa un 79 por ciento, y 105 que equivale el 21 fueron desfavorables. Informó que mil 141 quejas fueron realizadas de manera personal, 321 por correo electrónico, 24 por servicio postal, 51 por oficio y 228 por escrito, además señala que en 11 quejas, 10 fueron por personas físicas y una por persona moral. De la totalidad, en 34 casos se presentó solicitud de observadores, cuatro fueron improcedentes y tres derivado en acciones de investigación. En algunos casos en contra de la Secretaría de Administración Tributaria han sido por embargos ilegales que han recaído en cuentas bancarias, correcciones de RFC, requerimientos de pago de fallecidos, embargos de vehículos de las autoridades aduaneras y devoluciones atrasadas, entre otras. Señala que la Prodecon es un organismo autónomo que tiene el compromiso de acercar sus servicios a todas las regiones del país para hacer realidad la nueva reforma constitucional en materia de derechos humanos a favor de los pagadores de impuestos. En fecha reciente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) logró que fuera cancelado el remate y decomiso de un inmueble de un contribuyente de esta ciudad a quien se le adjudicaban adeudos con el fisco que provenían desde 1999. El reporte señala que el contribuyente acudió en mayo a la Delegación Estatal de la Prodecon bajo el argumento de que se violaron sus derechos, ya que las chapas de la puerta de su domicilio habían sido sustituidas, por lo que no podía ingresar. Menciona que después de una investigación propia en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se le informó que se había embargado y adjudicado su propiedad por varios adeudos con el fisco que datan de 1999, de los cuales el contribuyente externó que ya habían sido liquidados. Agrega que al no encontrar respuesta favorable de parte de la autoridad, solicitó los servicios de esta Procuraduría para recuperar su inmueble. Una vez realizados los trámites de queja por parte de la Prodecon, así como de varias mesas de trabajo sostenidas con la autoridad responsable, la Procuraduría logró el compromiso de dicha autoridad de dejar sin efectos los créditos fiscales fincados en su contra, así como todo lo actuado dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecución e igualmente la cancelación del remate y la adjudicación del inmueble propiedad del contribuyente.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que el próximo lunes presentará por primera vez una denuncia penal contra autoridades de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal por violar los derechos de un contribuyente.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que el próximo lunes presentará por primera vez una denuncia penal contra autoridades de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal por violar los derechos de un contribuyente. El organismo reveló en un comunicado el caso de un pagador de impuestos, dueño de un expendio de pinturas, que recibió la visita de auditores de la Tesorería del GDF, quienes le dijeron que iban a revisar su situación fiscal. Después de dar inicio a la visita, los auditores jamás regresaron, y no fue sino hasta un año y medio después en que se le notificó al contribuyente de un adeudo por más de 5 millones de pesos. "Prodecon al tramitar la queja tuvo conocimiento de que no se había llevado a cabo el debido procedimiento para la revisión de la situación fiscal de este contribuyente", detalló. Sin embargo, añadió que las autoridades del GDF en la queja, reconocieron primero esas irregularidades, para después tratar de subsanarlas diciendo que las documentales respectivas se habían traspapelado en otro expediente, para posteriormente exhibir unas copias con: "inexactitudes, incongruencias y falsedades", como se dice en la Recomendación 04/2013 que el organismo autónomo publica en su página. "Prodecon tiene como tarea llevar a cabo todas las acciones tendientes a la tutela efectiva de los derechos de los pagadores de impuestos y para ese efecto es que, desde el momento en que las autoridades del GDF al no aceptar la Recomendación, pretenden cobrar un adeudo con un procedimiento que consta en documentos presuntamente apócrifos, es que estima imprescindible presentar la denuncia penal", explicó el ombudsman fiscal. De acuerdo con la Prodecon, esta es la primera vez que el organismo advierte en un procedimiento de queja la manipulación de documentos para justificar actuaciones ilegales de autoridades fiscales. Es por ello que ejercerá la facultad que le concede el artículo 5, fracción IX, de su Ley Orgánica, para denunciar ante autoridades la posible comisión de delitos. Estos hechos serán denunciados ante la Procuraduría General de la República, bajo el argumento de que las autoridades capitalinas exhibieron ante la Prodecon documentales con información inexacta, no veraz, y con constancias aparentemente alteradas o falsificadas que pudieran cambiar el sentido sobre algún acontecimiento o punto sustancial, variando el contexto de las circunstancias y documentos, con la única pretensión de justificar las irregularidades y violación a derechos fundamentales.

De enero a junio pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió 25 mil 273 solicitudes ciudadanas en materia de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental, de las que resolvió 24 mil 892.

De enero a junio pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió 25 mil 273 solicitudes ciudadanas en materia de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental, de las que resolvió 24 mil 892. Mediante un comunicado, el organismo informó que de las peticiones resueltas, equivalentes a 99.89 por ciento, es decir 24 mil 864 casos, se otorgó acceso pleno a la información. En tanto, de las 381 solicitudes restantes 105 se remitieron a la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal por tratarse de información que presumiblemente está bajo su resguardo. De igual forma, 105 de las peticiones recibidas corresponden a prevenciones no desahogadas, 35 pendientes de tramitar por ampliación o prórroga de plazo y 82 por engroses pendientes de resolver. En el Informe Semestral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la SCJN se dio a conocer que de las 24 mil 892 solicitudes resueltas mediante los procedimientos sumario y ordinario, en siete casos el peticionario manifestó inconformidad en relación con la respuesta recibida. En esos casos, informó la SCJN, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales recibió igual número de recursos de revisión. Sin embargo, de los datos generales, en su mayoría los peticionarios estuvieron conformes con la información entregada por el máximo tribunal del país o con la respuesta en la que fueron expresados los motivos y fundamentos por los que no fue posible concederlas. En el documento se destaca que del total de solicitudes recibidas, en 24 mil 47 se otorgó, de manera inmediata, el acceso a la información requerida a través del procedimiento sumario. De éstas mil 513 correspondieron a peticiones de información legislativa y bibliohemerográfica en el Distrito Federal. Las restantes mil 226 de todas las solicitudes recibidas, las tramitó la Unidad de Enlace, de las que 962 fueron tramitadas mediante el procedimiento ordinario y 845 se resolvieron, en tanto 82 quedaron pendientes por tratarse de engroses de sentencias dictadas por el Pleno o las Salas que aún no habían sido completados. De igual forma 35 solicitudes están pendientes de tramitar, por la fecha en que se presentó la solicitud o porque el expediente con que se tramitó la solicitud tiene prórroga o ampliación de término de plazo. Además, 105 solicitudes fueron remitidas a la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal por tratarse de información competencia de éste y 159 se archivaron por no haberse desahogado la prevención correspondiente.

En varias ocasiones las autoridades fiscales no respetan el Estado de Derecho, vulnerando los Derechos del Contribuyente y lo establecido en las disposiciones fiscales al momento de ejercer sus facultades de comprobación a los pagadores de impuestos, es decir Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete.

En varias ocasiones las autoridades fiscales no respetan el Estado de Derecho, vulnerando los Derechos del Contribuyente y lo establecido en las disposiciones fiscales al momento de ejercer sus facultades de comprobación a los pagadores de impuestos, es decir Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete. Lo anterior, comentó en conferencia de prensa el abogado Fiscalista, Jorge Alberto Pickett Corona quien indicó que en la mayoría de las veces los auditores adscritos a la autoridad fiscal, “pasan por alto” lo establecido en la legislación impositiva, pasándose en muchas ocasiones de los términos no fundamentando ni motivando correctamente sus resoluciones. Violentando así lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y peor aún lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Últimamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal de Justicia de la Nación han emitido una serie de criterios y jurisprudencias que pueden ser de beneficio del contribuyente, al momento de interponer un medio de defensa, mencionó. Pero también existe mucho desconocimiento respecto los medios de defensa en materia fiscal por parte de los contribuyentes, aun cuando estos son un deber de los mismos, pues sólo inconformándose de las autoridades estas dejarán de cometer actos arbitrarios y determinando multas tan exorbitantes y gravosas poniendo en riesgo el patrimonio del pagador de impuestos, resaltó Pickett Corona. Dentro de los medios de defensa mencionó, lo son el Recurso de Revocación el cual se presenta ante el propio Servicio de Administración Tributaria, que aunque en muchas ocasiones no se obtiene un resultado favorable en esa instancia, su simple presentación conlleva a una suspensión de la ejecución del crédito fiscal. Como segundo medio de defensa se puede encontrar el Juicio de Nulidad, promoviéndose éste ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual se puede presentar por la vía sumaria, siempre y cuando sean juicios menores a cinco veces el salario mínimo general elevado al año. Teniendo únicamente 15 días hábiles para hacerlo una vez notificado el acto, o en su caso para las demás situaciones el Juicio por la vía ordinaria, teniendo para éste último un término de cuarenta y cinco días hábiles para promoverlo, una vez notificada la resolución. Como final instancia expresó que se tiene la figura del Amparo Directo, el cual consiste en un Juicio donde se analizan cuestiones de Constitucionalidad y de Tratados Internacionales, gracias a la última reforma a nuestra Carta Magna, y lo resuelve un Tribunal Colegiado con sede en la ciudad de Mexicali, Baja California. “Así mismo, también existe la figura del Amparo Indirecto, que se promueve y resuelve por un Juzgado de Distrito, que aplicado a la materia fiscal nos puede ayudar a destrabar las cuentas bancarias del contribuyente cuando éstas hayan sido embargadas por alguna autoridad fiscal”, concluyó el Abogado Fiscalista.

Las autoridades existen fundamentalmente para garantizar que los derechos de todos sean respetados, y el Poder Judicial de la Federación es, por disposición de la Carta Magna, el guardián de esa exigencia constitucional, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza.

Las autoridades existen fundamentalmente para garantizar que los derechos de todos sean respetados, y el Poder Judicial de la Federación es, por disposición de la Carta Magna, el guardián de esa exigencia constitucional, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza. Lo anterior, en el mensaje que dirigió durante la sesión solemne donde el Pleno de Ministros inició el segundo periodo de sesiones correspondientes a 2013, luego de que concluyó el periodo de receso que tuvo el máximo tribunal del país del 16 al 31 de julio pasados. El ministro presidente aseveró que el funcionamiento del Poder Judicial es indispensable para el correcto desempeño del Estado constitucional y democrático de Derecho y de sus instituciones. Aseveró que los tribunales de la federación, mediante el trabajo sustantivo que deben desempeñar de acuerdo con la Constitución y las leyes, concretizan la decisión de resolver las diferencias que puedan suscitarse por la vía civilizada del Derecho y de las instituciones. Esta función de los tribunales ha adquirido mayor relevancia, una mayor notoriedad y reclama una observancia más estricta a partir de la promulgación de importantes reformas constitucionales en los años recientes, que han puesto a los derechos de las personas, de todas las personas, en el centro de la actividad del Estado'. Aseveró que corresponde a los juzgadores de la federación fortalecer la base del desarrollo nacional al dotar de certeza, certidumbre estabilidad y con ello seguridad jurídica al país y con todo ello consolidar la confianza social en los juzgadores federales. Sin embargo, agregó, 'para cumplir a cabalidad con esta función, el Poder Judicial de la Federación debe contar también con el apoyo de los otros poderes del Estado, el respeto de las autoridades, de las personas y de la sociedad en su conjunto'. En este sentido, el ministro presidente hizo un llamado al Senado de la República para concluir el proceso de designación de la persona que deberá integrar al Consejo de la Judicatura Federal, que desde el año pasado no está debidamente integrado. Agregó que en el marco de la defensa de los derechos humanos y donde reformas constitucionales ordenan la creación de nuevos órganos jurisdiccionales federales especializados en diversas materias, el Consejo de la Judicatura debe estar plenamente integrado. Además, exhortó a los otros Poderes de la Unión a reflexionar sobre la conveniencia constitucional de establecer controles de confianza para el ingreso, promoción y permanencia de los juzgadores de la federación, donde señaló que 'quienes aspiran a la titularidad del Poder Judicial de la Federación no deben ser tratados con sospecha'

Nuevamente, un juez federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, negó el amparo a los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, quienes reclaman la restitución de una parte de sus tierras, ocupadas por el gobierno hace dos años contra la voluntad de los propietarios y pobladores del ejido.

Nuevamente, un juez federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, negó el amparo a los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, quienes reclaman la restitución de una parte de sus tierras, ocupadas por el gobierno hace dos años contra la voluntad de los propietarios y pobladores del ejido. Esta mañana, Mariano Moreno Guzmán, adherente a la Sexta declaración de la selva Lacandona y representante del ejido San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón), interpuso un recurso de revisión por conducto del Ricardo Lagunes Gasca en contra de la sentencia del 22 julio dictada por José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Séptimo de Distrito, en la que determinó el sobreseimiento del juicio de amparo 274/2011, por considerar que los actos de despojo ejecutados por diversas autoridades estatales y federales desde el 2 de febrero de 2011 “fueron consentidos por la asamblea general de ejidatarios, y por tanto no causan afectación jurídica al ejido quejoso”. De acuerdo con el abogado Lagunes Gasca, en las próximas semanas, el recurso de revisión interpuesto deberá ser enviado al Tercer Tribunal Colegiado en Tuxtla Gutiérrez para su estudio y resolución. Se trata de la segunda sentencia emitida por el juez mencionado en perjuicio del pueblo tzeltal de San Sebastián Bachajón. Ésta “fue dictada prácticamente en los mismos términos que la anterior, el pasado 30 de enero, revocada posteriormente por determinación del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en el Amparo en Revisión 118/2013, mediante ejecutoria de fecha 16 de mayo”. El juez Constantino Avendaño “soporta principalmente el sobreseimiento del juicio de amparo, con documentos aportados por la Secretaria General de Gobierno de Chiapas”, cuando su titular era todavía Noé Castañón León, quien ostentó el cargo desde el gobierno anterior de Juan Sabines Guerrero hasta los primeros meses de la actual administración de Manuel Velasco Coello. Aquella documentación consistía “en una supuesta acta de asamblea de ejidatarios, fechada el 12 de febrero de 2011, la cual fue objetada en tiempo y forma por Moreno Guzmán, pues no satisface el estándar internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas respecto a la consulta y el otorgamiento del consentimiento libre, previo e informado, desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Tampoco satisface el debido proceso legal establecido por la Ley Agraria. Ante la “ineficacia” del juicio de amparo para proteger el territorio indígena de Bachajón, el pasado 26 de mayo se presentó la petición del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, DC. Asimismo se solicitaron medidas cautelares “para garantizar la integridad territorial del pueblo indígena y la integridad personal de sus defensores”. El 19 de junio, la CIDH notificó a los ejidatarios adherentes a la Sexta haber solicitado información al gobierno mexicano sobre el asunto, otorgándole un plazo de 20 días para responder. No obstante de la ineficacia del juicio de amparo, “ante la notoria falta de imparcialidad e independencia del juez”, los ejidatarios advierten que agotarán “todos los recursos legales internos para proteger su territorio”. El abogado de los indígenas destaca “la contradicción de la retórica judicial expresada constantemente por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, sobre el respeto y la importancia de los derechos humanos a partir de la reforma constitucional, así como de los compromisos asumidos con organismos internacionales, y la práctica de los jueces federales en los rincones más alejados y pobres del país, como Chiapas, que se acomodan a los intereses de los grupos de poder político y económico, soslayando el derecho de los pueblos a la protección de su territorio, que es su vida en términos materiales e inmateriales”. En contraste, el magistrado presidente del poder judicial chiapaneco, Rutilio Escandón Cárdenas, declaraba apenas este miércoles que la justicia en Chiapas “se moderniza y llegará a todos los municipios, a toda la sociedad, en especial a la población que menos tiene”, pues “existe el compromiso de seguir con la especialización y profesionalización del personal judicial, con la finalidad de sumar esfuerzos y conocimientos para una mejor impartición de justicia” en materia del derecho de amparo.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza se manifestó en contra de la intención de los “otros poderes” sobre poner en marcha exámenes de confianza para el ingreso, promoción y permanencia de los jueces y magistrados federales.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza se manifestó en contra de la intención de los “otros poderes” sobre poner en marcha exámenes de confianza para el ingreso, promoción y permanencia de los jueces y magistrados federales. En la sesión en la que inició el periodo de sesiones del Poder Judicial de la Federación correspondiente al segundo semestre de este año, Silva Meza hizo también “un respetuoso llamado” al Senado para que “en el contexto del más absoluto respeto al principio de división de poderes”, concluya el proceso de designación del integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual, desde el primero de diciembre del año pasado, “no está debidamente integrado”. Le recordó a los legisladores que, a partir de la entrada en vigor de las reformas que componen el nuevo paradigma constitucional de máxima protección a los derechos humanos y que ordena la creación de nuevos órganos jurisdiccionales federales especializados en diversas materias el CJF “debe estar completo, para atender las relevantes obligaciones que le han sido impuestas por el Congreso de la Unión”. En un mensaje poco común, el también presidente del CJF se refirió a la propuesta de reforma legal que ya se analiza en el Congreso sobre este tema, y dejó en claro que, “quienes aspiran a la titularidad (de órganos jurisdiccionales), no deben ser tratados con sospecha, y quienes ya ostentan esta titularidad, deben recibir el mismo trato constitucional, que los titulares de otros poderes”. Sin mencionarlo directamente, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal planteó que en caso de que el Congreso aplicara exámenes de confianza a los juzgadores, tendría que hacerse lo mismo con todos los diputados federales, senadores y secretarios de Estado. “Siempre defenderemos la dignidad de los juzgadores de la federación, pero también, siempre de cara a la sociedad rendiremos cuentas. Pero, de acuerdo con el estatuto constitucional y legal que nos corresponda”, subrayó. Ante sus compañeros que integran el pleno del máximo tribunal, el ministro Silva aseveró que es indispensable que las autoridades cumplan las resoluciones emitidas por los juzgadores de la federación. “En un país donde se respeta el estado democrático de derecho y los derechos de las personas, donde se exige el máximo respeto de todos a la ley, no debe permitirse que las autoridades incumplan las resoluciones jurisdiccionales que le son adversas. En materia de legalidad y respeto al Estado de derecho, todas las autoridades estamos obligadas a predicar con el ejemplo. Finalmente, el ministro hizo un llamado para que “todas las personas en México hagan valer sus derechos que la constitución prevé”. Sostuvo que los tribunales federales están atentos a reparar la violación de los derechos de cualquier persona.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del defensor indígena Herón Sixto López al tiempo que le recordó al Estado mexicano que “los defensores y defensoras tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del defensor indígena Herón Sixto López al tiempo que le recordó al Estado mexicano que “los defensores y defensoras tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia”. Y es que “la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera”, le reiteró. A través de un comunicado fechado en Washington, Estados Unidos, la CIDH resaltó que “es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables”. Es por ello que “la CIDH insta al Estado mexicano a investigar este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”. De igual forma, hizo un llamado al Estado mexicano a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de los derechos de los pueblos indígenas en el país. Hizo hincapié que “los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan”. Recordó que el defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas mixtecas y triquis, e integrante del “Centro de Orientación y Asesoría a los Pueblos Indígenas” en Juxtlahuaca Oaxaca, Herón Sixto López, desapareció el pasado 15 de julio y el 20 de julio fue hallado muerto con seis impactos de bala en el paraje “Cahuaya” perteneciente a San Sebastián Tecomaxtlahuaca. Los familiares de Herón Sixto López denunciaron públicamente que fue sacado por la fuerza por personas desconocidas de sus oficinas y que, a partir de ese momento, se desconocía su paradero. Según las indagatorias, el cuerpo del defensor de derechos humanos presentó seis impactos de bala con orificio de entrada y salida, tres en el tórax, dos en la cabeza y uno en el cuello, y de acuerdo a la necropsia de ley, Sixto López llevaba entre 5 a 6 días de extinto. La CIDH dijo que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables.

Tres reconocidos políticos y juristas crearon el Observatorio de Derechos Humanos (DD.HH.) y Justicia, que fue presentado ayer en Quito. El exasambleísta Enrique Herrería, que será el director ejecutivo del grupo, el excanciller de Alfredo Palacio, Antonio Parra Gil, y el exjuez de la Corte Constitucional Jorge Alvear lideran esta organización de la sociedad civil. Su objetivo será vigilar el trabajo de la Función Judicial.

Tres reconocidos políticos y juristas crearon el Observatorio de Derechos Humanos (DD.HH.) y Justicia, que fue presentado ayer en Quito. El exasambleísta Enrique Herrería, que será el director ejecutivo del grupo, el excanciller de Alfredo Palacio, Antonio Parra Gil, y el exjuez de la Corte Constitucional Jorge Alvear lideran esta organización de la sociedad civil. Su objetivo será vigilar el trabajo de la Función Judicial. El exlegislador Herrería, en rueda de prensa, anunció que el objetivo de este Observatorio será analizar los casos en los cuales las personas consideren que se haya violado el debido proceso y se actuó de forma política. De allí que los primeros juicios que entrarán en esa dinámica serán los que involucran a los actuales asambleístas de Pachakutik, Cléver Jiménez y Pepe Acacho; a los 12 estudiantes del Colegio Central Técnico, a los jóvenes del caso los 10 de Luluncoto, a la profesora Mery Zamora, ex titular de la UNE, entre otros. Según Herrería, la idea es crear una red de abogados en todo el país, para que revisen los casos de cada provincia y puedan brindar asesoría en determinados procesos de corte jurídico. "Recibiremos todos los casos, los analizaremos profundamente y luego pediremos que se tomen medidas. Podríamos llegar incluso a instancias internacionales si se detectan que hubo irregularidades en un proceso", explicó. Entre las opciones de apelación judicial externa están el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), conformada por la Comisión y la Corte Interamericana, así como la Corte de Justicia de Ginebra (Suiza). Para estos análisis -explicó el Director del Observatorio-, pedirán la información a los juzgados y a las cortes de cada provincia, pues "los casos son públicos". Como no tendrán oficina, se utilizarán los estudios jurídicos de quienes integren este Observatorio. Y su financiamiento saldrá "del bolsillo" de cada uno de los abogados, según dijo Herrería. Como los tres fundadores del Observatorio son de Guayaquil, el apoyo en Quito será de la organización Fundamedios. Básicamente contará con ayuda logística, puesto que en sus oficinas recibirán a las personas que deseen presentar sus juicios ante estos abogados. Por el momento, la entidad no tendrá vida jurídica, como lo manda el Decreto Ejecutivo 16 que regulariza el trabajo de las organizaciones sociales. Pero igual funcionará como una instancia ciudadana. "La Constitución garantiza el derecho a las personas a asociarse libremente", explicó Herrería. Otro de los temas en los que se concentrará el Observatorio de DD.HH. y Justicia es en presentar un criterio jurídico sobre el proyecto de Código Penal Integral, que está en análisis en la Comisión de Justicia de la Asamblea, a fin de que se inicie su segundo debate. "Hemos visto que se penalizan temas que son ciudadanos y que actualmente no eran considerados ni contravenciones. Pediremos que exista una mínima intervención del Estado", señaló Herrería. Además, añadió que se buscarán acercamientos con el Consejo de la Judicatura y su titular si se encuentran casos de "persecución política", en los cuales los jueces no han actuado de forma adecuada. El Observatorio se lanzó además con un página en la red social de Facebook, en donde se podrán presentar, denunciar, conocer algunos de los casos en los cuales se está trabajando y ponerse en contacto con los abogados que integran el organismo ciudadano. El campo de acción El Observatorio ha iniciado conversaciones con otros juristas del país para que se unan a esta red de vigilancia y monitoreo permanente. Sin embargo, no se ha informado quiénes se sumarán a esta iniciativa. El trabajo será "ciudadano y estará alejado de la política", explicó Herrería para garantizar una asesoría adecuada para quienes acudan a pedir asesoría y apoyo en el Observatorio de DD.HH. y Justicia. Desde hoy, el organismo empezará a funcionar. Los tres integrantes despachará en Guayaquil, mientras que Fundamedios dará una ayuda logística. Hay una página en Facebook. Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/politica/Observatorio-DDHH-DerechosHumanos-Ecuador-justicia-EnriqueHerreria_0_965903478.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com