Nuevamente, un juez federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, negó el amparo a los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, quienes reclaman la restitución de una parte de sus tierras, ocupadas por el gobierno hace dos años contra la voluntad de los propietarios y pobladores del ejido.

Nuevamente, un juez federal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, negó el amparo a los ejidatarios tzeltales de San Sebastián Bachajón, quienes reclaman la restitución de una parte de sus tierras, ocupadas por el gobierno hace dos años contra la voluntad de los propietarios y pobladores del ejido. Esta mañana, Mariano Moreno Guzmán, adherente a la Sexta declaración de la selva Lacandona y representante del ejido San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón), interpuso un recurso de revisión por conducto del Ricardo Lagunes Gasca en contra de la sentencia del 22 julio dictada por José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Séptimo de Distrito, en la que determinó el sobreseimiento del juicio de amparo 274/2011, por considerar que los actos de despojo ejecutados por diversas autoridades estatales y federales desde el 2 de febrero de 2011 “fueron consentidos por la asamblea general de ejidatarios, y por tanto no causan afectación jurídica al ejido quejoso”. De acuerdo con el abogado Lagunes Gasca, en las próximas semanas, el recurso de revisión interpuesto deberá ser enviado al Tercer Tribunal Colegiado en Tuxtla Gutiérrez para su estudio y resolución. Se trata de la segunda sentencia emitida por el juez mencionado en perjuicio del pueblo tzeltal de San Sebastián Bachajón. Ésta “fue dictada prácticamente en los mismos términos que la anterior, el pasado 30 de enero, revocada posteriormente por determinación del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en el Amparo en Revisión 118/2013, mediante ejecutoria de fecha 16 de mayo”. El juez Constantino Avendaño “soporta principalmente el sobreseimiento del juicio de amparo, con documentos aportados por la Secretaria General de Gobierno de Chiapas”, cuando su titular era todavía Noé Castañón León, quien ostentó el cargo desde el gobierno anterior de Juan Sabines Guerrero hasta los primeros meses de la actual administración de Manuel Velasco Coello. Aquella documentación consistía “en una supuesta acta de asamblea de ejidatarios, fechada el 12 de febrero de 2011, la cual fue objetada en tiempo y forma por Moreno Guzmán, pues no satisface el estándar internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas respecto a la consulta y el otorgamiento del consentimiento libre, previo e informado, desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Tampoco satisface el debido proceso legal establecido por la Ley Agraria. Ante la “ineficacia” del juicio de amparo para proteger el territorio indígena de Bachajón, el pasado 26 de mayo se presentó la petición del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, DC. Asimismo se solicitaron medidas cautelares “para garantizar la integridad territorial del pueblo indígena y la integridad personal de sus defensores”. El 19 de junio, la CIDH notificó a los ejidatarios adherentes a la Sexta haber solicitado información al gobierno mexicano sobre el asunto, otorgándole un plazo de 20 días para responder. No obstante de la ineficacia del juicio de amparo, “ante la notoria falta de imparcialidad e independencia del juez”, los ejidatarios advierten que agotarán “todos los recursos legales internos para proteger su territorio”. El abogado de los indígenas destaca “la contradicción de la retórica judicial expresada constantemente por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, sobre el respeto y la importancia de los derechos humanos a partir de la reforma constitucional, así como de los compromisos asumidos con organismos internacionales, y la práctica de los jueces federales en los rincones más alejados y pobres del país, como Chiapas, que se acomodan a los intereses de los grupos de poder político y económico, soslayando el derecho de los pueblos a la protección de su territorio, que es su vida en términos materiales e inmateriales”. En contraste, el magistrado presidente del poder judicial chiapaneco, Rutilio Escandón Cárdenas, declaraba apenas este miércoles que la justicia en Chiapas “se moderniza y llegará a todos los municipios, a toda la sociedad, en especial a la población que menos tiene”, pues “existe el compromiso de seguir con la especialización y profesionalización del personal judicial, con la finalidad de sumar esfuerzos y conocimientos para una mejor impartición de justicia” en materia del derecho de amparo.