México cuenta con uno de los índices de piratería de obras y prestaciones protegidas por el derecho de autor más elevados del mundo, solo superado por Rusia y Taiwán. Libros, discos, películas y programas de computación son ilegalmente reproducidos, distribuidos y comercializados en la vía pública de manera totalmente impune, lo mismo en las aceras frente a la Procuraduría General de la República como las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni qué decir de los clientes habituales de este tipo de ilícitos negocios, que van desde personas de escasos recursos que buscan una forma de entretenimiento económica, aun a costa de la calidad del producto adquirido, hasta refinados ejecutivos y servidores públicos de los más altos niveles, en búsqueda de películas y series de televisión de moda, irresponsables e ignorantes de los daños que se causan.

México cuenta con uno de los índices de piratería de obras y prestaciones protegidas por el derecho de autor más elevados del mundo, solo superado por Rusia y Taiwán. Libros, discos, películas y programas de computación son ilegalmente reproducidos, distribuidos y comercializados en la vía pública de manera totalmente impune, lo mismo en las aceras frente a la Procuraduría General de la República como las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni qué decir de los clientes habituales de este tipo de ilícitos negocios, que van desde personas de escasos recursos que buscan una forma de entretenimiento económica, aun a costa de la calidad del producto adquirido, hasta refinados ejecutivos y servidores públicos de los más altos niveles, en búsqueda de películas y series de televisión de moda, irresponsables e ignorantes de los daños que se causan. Las pérdidas para los autores, los artistas, los editores, los productores de fonogramas y los productores de obras audiovisuales en general son multimillonarias y no parece haber solución o remedio efectivo en contra de ello. Programas antipiratería, pactos, alianzas y concurridas conferencias de prensa encabezadas por docenas de servidores públicos y ejecutivos de la iniciativa privada van y vienen cada semestre con magníficas iniciativas de papel, mismas que, al toparse con la realidad cotidiana y el complejo tejido de redes de corrupción imperante en este negocio, hacen absoluta y totalmente imposible su ejecución. La piratería en nuestro país esta íntimamente ligada al ambulantaje, y éste a su vez a concesiones de los gobiernos locales. Erradicar este fenómeno podría no resultar “políticamente correcto”. Es una actividad tolerada, en donde se dice que las manos de los cárteles del narcotráfico se han hecho ya presentes, en tanto los márgenes de utilidad que porcentualmente representa vender un solo DVD pirata, son significativamente mayores a los que representa vender una grapa de cocaína, con un riesgo legal infinitamente menor y, además, sin que exista hacia quien ejerce esa ilícita actividad reproche social alguno, al considerarse un actividad mercantil tan decorosa como cualquiera otra. *** La pretenciosa frase de “justicia expedita” en México se queda precisamente en eso: una simple frase. “Justicia tardada = justicia denegada” parecería más acorde con la realidad de todo aquel que requiere litigar un asunto en materia autoral en nuestro país. Las resoluciones administrativas, tanto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, indispensables aún para poder acudir a la vía jurisdiccional a reclamar el pago de daños y perjuicios derivados de la comisión de hechos ilícitos, suelen tomar por lo menos de 18 a 24 meses a partir del día del inicio de los procedimientos respectivos. El recurso ordinario que procede en contra de las resoluciones de los órganos administrativos es el Juicio de Nulidad ante la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuya tramitación puede suponer entre 2 a 4 años adicionales, según la carga de trabajo que presente ese tribunal especializado. El recurso de Amparo en contra de la sentencia previa puede ser resuelto antes de un año, pero no con ello se llega al final del tan anhelado camino. Asumiendo que el autor ha obtenido una sentencia favorable, después de haber litigado un asunto no menos de 5 o 6 años con los consecuentes costos asociados de abogados, actuarios, copias, propinas y lo habitual en todo juicio en este país, inicia entonces una nueva etapa de acciones judiciales para demandar el pago de los daños y perjuicios ocasionados, lo que puede suponer otros dos o tres años de tribunales, abogados, costos asociados y posteriormente la tarea quizá más difícil de emprender, consistente en la ejecución de la sentencia correspondiente, asumiendo que se logró salvar el escollo más importante que le impone el sistema al afectado: demostrar que se le causaron daños y/o perjuicios, que éstos son consecuencia directa e inmediata del acto ilegal que se reclama y lo peor, que aún exista la empresa responsable de su comisión. No existe autor que aguante ese trote ni bolsillo que lo soporte, por lo cual los autores suelen doblegarse o desistir con justificada prontitud de su anhelada búsqueda de justicia. Así se vive y se imparte la justicia autoral en nuestro país. A finales del mes de junio se publicó en el Diario Oficial una reforma más a la incontablemente remendada Ley Federal del Derecho de Autor que data del año de 1996. He de destacar aquí que la reforma más significativa que allí se contiene consiste en la aparente eliminación del requisito procedimental impuesto a través de una garrafal tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en torpe analogía con aquella existente en materia de Propiedad Industrial, obliga al reclamante de una violación en materia de derechos de autor o de derechos conexos a tener que agotar un procedimiento de infracción administrativa en materia de comercio o de derechos de autor ante el Impi o el Indautor respectivamente, y que éste quede firme, antes de poder acudir a los órganos jurisdiccionales a demandar el pago de los daños y perjuicios causados. De tener el alcance que se comenta la reforma antes aludida, y si la Suprema Corte no se empecina en la subsistencia de esa absurda tesis, podremos eliminar muchos meses, quizás años, de injusta espera en la impartición de justicia. *** Vivir del producto del trabajo creativo es hoy una utopía para los miles de autores de obras literarias o artísticas que con su talento enriquecen y hacen más llevadera nuestra vida cotidiana. Todos demandamos más y mejores productos culturales, pero pocos estamos dispuestos a pagar realmente el valor que éstos tienen o que sus autores o causahabientes aspiran a recibir por permitirnos su consumo. La sociedad demanda airadamente el libre acceso a la cultura y lo soporta o justifica en su derecho humano a informarse. Sin embargo, pocos reflexionan en torno a que ni toda la cultura debe ser de libre acceso, ni menos aún gratuita. El derecho del ciudadano a informarse no prevalece sobre el del autor que crea el producto cultural y que tiene el derecho soberano a decidir las condiciones en que su talento ha de ser compartido. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó recientemente en una sentencia aprobada por el Pleno, que el derecho de autor es un Derecho Humano también. Si bien los razonamientos empleados para arribar a esa conclusión admiten toda clase de críticas, el máximo tribunal ha fijado criterio al respecto y ahora le tocará resolver, en aplicación de los principios de ponderación y proporcionalidad, qué derecho deberá prevalecer sobre cuál. Menuda discusión que se avecina para los tribunales cuando tengan que resolver sobre la prevalencia del derecho correspondiente a autores y causahabientes frente a las demandas de acceso a la información por parte de la sociedad civil. Parece una sutileza, pero en realidad no lo es. El Estado garantiza a los autores, a través de la Ley Federal del Derecho de Autor y de múltiples tratados internacionales sobre la materia, el derecho exclusivo a determinar las condiciones de uso de las obras producto de su ingenio, que se traduce en una categórica, contundente y corta frase: autorizar o prohibir. Una amenaza más se cierne sobre el derecho de los autores y/o titulares y/o productores en estos momentos. A principios del mes de junio, se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Esa reforma tiene diversos objetivos, pero el que quizá mejor la identifica es precisamente la voluntad del Estado de sumar nuevos jugadores en condiciones de efectiva competencia a actividades en el sector de las Telecomunicaciones, tradicionalmente ejercido por solo unos cuantos. Esta reforma, impulsada en buena medida por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), supone de facto una amenaza de grandes proporciones para los derechos de los autores, de sus causahabientes, de los productores de fonogramas, de videogramas y desde luego para los propios organismos de radiodifusión. La Cofeco ha dejado claro testimonio en las resoluciones emitidas que involucran derechos de naturaleza autoral o conexa, que no existe distinción alguna entre quien comercia una tonelada de jitomates o cientos de kilos de embutidos de un autor de obras literarias o artísticas, menos aún de las relevantes actividades de los productores de bienes culturales. Mientras ambos “productos” se encuentren destinados al “consumo” de las personas, las reglas de comercio aplican sin distingos. Si un autor de obras de cualquier género autoral o un productor de obras audiovisuales o de cualquier otro género, en ejercicio legítimo del derecho exclusivo que poseen para autorizar o prohibir su uso y explotación, autorizan a un tercero su uso y explotación y niegan a otros tal posibilidad, son objeto de acciones de “negativa de trato” sancionadas por la Ley Federal de Competencia. La reforma constitucional a que se alude y en particular el artículo 8º Transitorio de la misma, prevé la polémica e ilegal figura del “Must Offer” y del “Must Carry” (Obligación de permitir y de proveer), mediante la cual el organismo de radiodifusión que emite una señal gratuita y abierta portadora de programas de televisión, (entiéndase los canales 2 y 13, por ejemplo), están obligados a permitir que una entidad concesionada de televisión restringida (de paga), los “retransmita” íntegramente a sus suscriptores de manera gratuita, como parte del servicio de programación que provee. La justificación de esta polémica imposición constitucional está dictada por un tema de competencia económica, sin haberse percatado aún que la ilegal afectación a los derechos de los organismos de radiodifusión, meros licenciatarios de los contenidos incorporados en las señales radiodifundidas, corresponden a autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, videogramas y de obras audiovisuales en general, cuyos derechos se reputan como exclusivos y por ende no sujetos al arbitrio de las decisiones de competencia impuestas por el Ejecutivo Federal. La ilegal afectación a los derechos de los organismos de radiodifusión no puede acarrear simultáneamente la gravísima vulneración a los Derechos Humanos de los autores y de los titulares de otros derechos allí incorporados, cuando es precisamente el contenido programático protegido por el derecho de autor, el que le da valor económico a la señal emitida. Ojalá que la Cofeco logre algún día comprender que la naturaleza del derecho de autor es monopólica, y que la obra de Octavio Paz, de Juan Rulfo, de Diego Rivera, de David A. Siqueiros, de Consuelito Velázquez o de Agustín Lara no se “merca” o vende “por kilo” ni a granel, sino “por puritito talento”.

El diputado federal panista Fernando Rodríguez Doval, reconoció a El Semanario Sin Límites que la reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai)., es una iniciativa regresiva al diferir con la enviada por el Senado y tratarse de una “simulación”.

El diputado federal panista Fernando Rodríguez Doval, reconoció a El Semanario Sin Límites que la reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai)., es una iniciativa regresiva al diferir con la enviada por el Senado y tratarse de una “simulación”. “Es una reforma regresiva, porque teníamos muy buenas expectativas de que pudiera salir una reforma como la que ya nos había enviado el Senado, que era una reforma de avanzada, propia de un Estado democrático, y lo que ayer se aprobó, fue una gran simulación, es una reforma que no garantiza la inacatabilidad ni definitividad de las resoluciones del IFAI. Excluye en la práctica y en los hechos a los partidos políticos de la obligación de dar cuentas y atenta contra la autonomía de un órgano, al remover a sus comisionados. Consideramos que es un paso atrás en materia de transparencia”, advirtió. Para el analista Jorge Alcocer, la reciente aprobación en comisiones de la Ley de Transparencia, estaría convirtiendo al IFAI en un “Frankestein” con varios cerebros. Este dictamen, con cambios a la minuta enviada por el Senado, será presentada al pleno durante el periodo extraordinario del miércoles 21 al viernes 23 de agosto. La reforma modifica los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución y, como principal punto, establece a los sujetos obligados a transparentar su información. Dentro de las reservas, se estableció la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, excepto para el procurador general de la República, el consejero jurídico de la Presidencia, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el gobernador del Banco de México (Banxico), quienes estarán facultados para apelar las resoluciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Fuentes consultadas de la SCJN, aseguran que ante la eventual impugnación que se haga en contra de la reforma, será la Suprema Corte la encargada de dar avance o no, a la iniciativa. “Se está otorgando un poder a la Corte en este tema, que no va con su naturaleza porque está implicando que los servidores públicos interpongan recursos y es darle a la corte mas trabajo que puede generar incluso conflictos entre poderes. Eso puede afectar el ritmo de trabajo de la SCJN”, advierte el diputado Rodríguez Doval. Por su parte, Miguel Pulido, director del centro de análisis e investigación Fundar, aseguró a un noticiero radiofónico que “la transparencia es uno de los elementos más poderosos para combatir la corrupción y eficientar el gasto público”. “Si algo tenemos es evidencia de cómo nos ha afectado la corrupción: gobernadores, sindicatos… es un cóctel que llama al escándalo en el uso del dinero público; sin embargo, insistentemente se argumenta que las solicitudes de información causan molestias; la objeción de la inestabilidad económica raya en lo ridículo”, señaló.

Con autonomía pero sin “dientes”. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya no tendrá la última palabra en materia de transparencia y ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que pueda emitir la última palabra en temas relacionados con seguridad, derechos humanos y estabilidad financiera.

Con autonomía pero sin “dientes”. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ya no tendrá la última palabra en materia de transparencia y ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que pueda emitir la última palabra en temas relacionados con seguridad, derechos humanos y estabilidad financiera. Diputados aprobaron anoche en comisiones reformas en materia de transparencia que otorgarán autonomía constitucional al IFAI pero al mismo tiempo se renovará el órgano garante bajo ciertas condiciones. PRI y PRD buscan que la Corte decida sobre Transparencia Las buenas: El IFAI podrá revisar resoluciones como segunda instancia de estados e incluirá su competencia no sólo al ámbito del Poder Ejecutivo sino también al Legislativo y Judicial así como a órganos autónomos. Además cualquier persona física o moral, fideicomiso privado o sindicato que reciba recursos públicos, deberá entregar información si se les solicita vía IFAI. Sin embargo, la condición para que el Instituto logre lo anterior será la siguiente: Se cambiarán los comisionados y 4 de los 7 que serán ahora deberán ser abogados. Además los partidos políticos no se incluyeron como sujetos obligados y continuarán respondiendo al Instituto Federal Electoral cuando no quieran entregar información a los ciudadanos. El tema de partidos y sindicatos sigue a discusión, pues algunos legisladores impulsaban aún que fueran excluidos los sindicatos. Aprueban PRI y PRD La noche del 19 de agosto, las comisiones unidas de Transparencia, Prácticas Parlamentarias y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron un “documento de trabajo” que contenía 22 reservas propuestas en su mayoría por los grupos parlamentarios del PRI y PRD. Fue con los votos de ambos partidos políticos como se aprobó en lo general el documento que propone, entre otras cosas, que sean atacables las resoluciones del IFAI cuando se trate de temas relacionados con la seguridad, con las transgresiones a derechos humanos y cuando se pudiera vulnerar con la información la estabilidad financiera y económica del país. Con estas nuevas reformas, el Procurador General de la República, el Consejero jurídico del Gobierno, el Gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrán interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este hecho causa un precedente negativo pues el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa había emitido el mandato de que ningún funcionario público debía interponer recursos o litigios contra las resoluciones del IFAI. Aún bajo esa condición, en 2012 se presentaron 41 amparos contra las resoluciones del IFAI para no entregar documentación y sólo en la Administración Pública Federal. Ahora, con estas nuevas reformas, cualquiera tendrá manga ancha para presentar amparos y resoluciones contra el Instituto, pues el Consejero jurídico del Gobierno es el abogado de todo el gobierno federal. El PAN y organizaciones en contra El Partido Acción Nacional (PAN) votó en contra de las reformas al considerar que éstas eran un retroceso cuántico para el derecho a saber. Fernando Doval, Elizabeth Yáñez Robles y Marcos Aguilar Vega expusieron sus argumentos en contra de estas nuevas reformas. “Nosotros le ponemos restricciones a los ciudadanos, le imponemos restricciones para ejercer esta libertad. El costo es alto para México porque hoy el ciudadano no podrá adquirir la información documental con las restricciones impuestas, como lo relacionado a la seguridad, que ni siquiera habla de seguridad nacional, sino el concepto amplio de seguridad. Hasta la pobreza podría ser considerada como información que podría causar inestabilidad financiera si se da a conocer completa, así como está planteado el concepto”, explicó Marcos Aguilar. Organizaciones no gubernamentales como Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Artículo 19, México Infórmate y Gesoc A.C, todas agrupadas en el Colectivo por la Transparencia; se manifestaron durante la sesión en comisiones y mostraron su inconformidad al señalar que no se discutió en lo mínimo el “documento de trabajo” y en cambio se impulsaron cambios que promueven retrocesos en materia de transparencia. Tampoco respetaron los diputados federales el trabajo hecho por el Senado de la República, coincidieron. “El peor de todos los escenarios: sin ninguna discusión, en un proceso opaco y cerrado a la ciudadanía, se aprueban reservas regresivas del PRI”, dijo Héctor Rubio, de Gesoc A.C. Los mismos legisladores del PAN acusaron de opaco al proceso legislativo celebrado ayer con las reformas en materia de transparencia. “Se entregó un documento de trabajo un día antes para su lectura”, según dijo la diputada panista Elizabeth Yáñez, además de que se buscó en la marcha modificar al mismo y pactar cambios que no estaban acordados con anterioridad. “Es un documento que oculta la información, la esconde. Además, deja a las reservas tal cual como se habían presentado desde abril de este año y que por eso no se aprobó para su discusión en aquél entonces”, expresó la diputada panista. La minuta se prevé sea aprobada este miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados para ser enviada nuevamente a la Cámara de Senadores. Algunas irregularidades Los legisladores comenzaron a sesionar entre reclamos de diputados del PAN, quienes expresaron su descontento por no haber contado con mucho tiempo para leer el documento. La secretaria de acuerdos que leía las resoluciones de los legisladores era la priísta Arely Madrid Tovilla, quien en varias ocasiones se equivocaba en los procedimientos e incluso causaba risa en los presentes con sus errores. La reunión de las comisiones unidas no fue transmitida por el Canal del Congreso ni tampoco fue promovida en redes sociales. Los legisladores además concluyeron con prisas pues en la noche irrumpieron en el recinto legislativo maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se manifestaban en las calles, lo cual causó que los legisladores no se extendieran más en la discusión. El 8 de febrero de 2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mandó un mensaje muy claro a las y los jueces de toda la República: el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) tendríala última palabra en materia de acceso a la información. Leer Más: http://www.animalpolitico.com/2013/08/dan-paso-atras-en-transparencia/#ixzz2cXPBg7lG Follow us: @pajaropolitico on Twitter | pajaropolitico on Facebook

Desde el mes de enero, la ley denominada FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario en el Extranjero, por sus siglas en inglés) impondrá a los bancos de algunos países que informen sobre las cuentas de sus clientes estadounidenses, arriesgándose a importantes multas, con el objetivo de reforzar las obligaciones fiscales para los expatriados.

Para Scott Schmith, un veterano de la Guerra del Golfo instalado en Suiza hace 20 años renunciar a su pasaporte estadounidense no fue "fácil", pero lo hizo para evitar problemas fiscales en Estados Unidos tras la aprobación de una nueva ley impositiva. "No tengo nada que ocultar pero no quiero ser castigado por haber decidido vivir fuera de Estados Unidos", dijo a la AFP desde las afueras de Zurich este fotógrafo, recientemente nacionalizado como suizo, en un momento en el cual los bienes de estadounidenses en el extranjero están bajo estrecha vigilancia. A partir de enero, la ley denominada FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario en el Extranjero, por sus siglas en inglés) impondrá a los bancos de algunos países que informen sobre las cuentas de sus clientes estadounidenses, arriesgándose a importantes multas, con el objetivo de reforzar las obligaciones fiscales para los expatriados. La ley fiscal en Estados Unidos, una excepción en todo el mundo, impone a sus ciudadanos la obligación de declarar sus ingresos y sus cuentas bancarias, aunque su residencia fiscal esté en otros países. La nueva normativa, que busca luchar contra la evasión fiscal, se perfila como un quebradero de cabeza para varios expatriados. "Los expatriados (...) se dan cuenta ahora que los bancos van a transmitir los datos de sus bienes y que podrían ser considerados como delincuentes", dijo a la AFP Allison Christians, profesor de Derecho de la Universidad McGill, en Canadá. En el segundo trimestre, el número de estadounidenses con doble nacionalidad que renunciaron a su pasaporte azul marino marcó un récord de 1.131 personas, un alza de 66,5% con respecto a los tres primeros meses del año y un incremento de 492% interanual, según datos recopilados por la AFP. Para los expertos estos datos, que siguen siendo marginales en relación a los cerca de 7 millones de expatriados estadounidenses, se deben en gran medida a la entrada en vigor de esta ley, que fue pospuesta en varias ocasiones. Según Marylouise Serrato, representante de American Citizens Abroad, una asociación que defiende a los expatriados, la nueva ley fue un factor agravante. "Con esta ley, se vuelve muy difícil para los estadounidenses vivir en el extranjero", afirmó. Así, algunos bancos comerciales podrían rechazar a los expatriados estadounidenses para esquivar los problemas administrativos y evitar estar en la mira del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), tal y como le sucedió a UBS en 2009. "Un agujero negro fiscal" Scott sufrió estas trabas cuando su banco cerró sus dos cuentas hace un año. "Cada vez más los expatriados estadounidenses se encuentran en un agujero negro fiscal", declaró en un comunicado Nigel Green, presidente de la consultora deVere. Muchos de ellos enfrentan ahora un "dilema terrible": renunciar a su ciudadanía o plegarse a normas ultra complejas que a menos requieren de la ayuda de un experto fiscal, señala el profesor de Derecho Peter Spiro, académico de la Universidad Temple, en Filadelfia (norte). "Si uno hace un análisis racional, uno se pregunta si vale la pena conservar la ciudadanía estadounidense frente a papeleo administrativo y al riesgo de mayores multas", explicó a la AFP. Sin embargo, un portavoz del IRS dijo que esta solución tampoco sería definitiva ya que, pese a haber renunciado a su nacionalidad, estas personas aún podrían estar sujetas a realizar una declaración de la renta. Para el organismo, para que la renuncia sea efectiva, los expatriados deben probar que han cumplido con sus obligaciones fiscales en los cinco últimos años. Para Christians, el verdadero problema es que el sistema de impuestos esté basado en la ciudadanía". "Si hubiera un sistema basado en la residencia, una ley como la FATCA permitiría apuntar realmente a los que intentan ocultar dinero en el extranjero", dijo. Scott dice que ya no tendrá preocupaciones, pero que a cambió pagará como precio el tener que retornar a su país como un turista.

El sistema fiscal mexicano es el menos eficiente entre las 34 naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues según estadísticas de ese organismo los ingresos generados por impuestos equivalen a 18.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que lo ubica en el último lugar de la lista.

El organismo que encabeza José Ángel Gurría, señala que la informalidad debe ser erradicada para ingresar más. El sistema fiscal mexicano es el menos eficiente entre las 34 naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues según estadísticas de ese organismo los ingresos generados por impuestos equivalen a 18.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que lo ubica en el último lugar de la lista. Informalidad Los expertos explican que la ineficacia del sistema tributario nacional se debe principalmente a que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 60% de la población ocupada está en situación de informalidad laboral. En consecuencia, el padrón de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se construye y administra sólo con las personas morales y físicas que trabajan para alguna empresa o desempeña alguna actividad empresarial propia. Regímenes especiales Según el Presupuesto de Gastos Fiscales 2013 de la Secretaría de Hacienda, los regímenes especiales generarán este año una pérdida recaudatoria de 642 mil 838.3 millones de pesos, equivalentes a 3.7859% del PIB, principalmente por deducciones y exenciones fiscales, otro factor que pega a la recaudación. La insuficiencia de los ingresos tributarios y la falta de acuerdos políticos para realizar una reforma, ha propiciado que se prolongue la dependencia que tienen las finanzas públicas respecto a los ingresos petroleros, según la OCDE.

Luis Videgaray, afirmó que con la presentación el lunes de la reforma energética del PRD, "la mesa está puesta" para un debate serio en esa materia.

Luis Videgaray, afirmó que con la presentación el lunes de la reforma energética del PRD, "la mesa está puesta" para un debate serio en esa materia. En entrevista al salir del encuentro con senadores del PRD, Videgaray dijo que escuchó ya la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas y afirmó que tienen varias coincidencias, aunque también algunas diferencias. "Lo importante es que la mesa está puesta para que México tenga un debate de altura, un debate muy serio en un tema tan importante como es nuestra política de hidrocarburos y el futuro del sector energético a partir de propuestas distintas ya presentadas", indicó. Acompañado del coordinador del PRD, Luis Miguel Barbosa, el secretario de Hacienda destacó que el escenario donde habrá de definirse el futuro de la reforma energética es el Senado. De ahí, afirmó, la importancia del trabajo de todos los senadores. Videgaray resaltó la importancia de la reunión esta mañana con los perredistas, pues dijo que tuvo un diálogo serio y abierto, aunque tengan pensamientos distintos. El funcionario informó que abordó diversos temas, como la reforma financiera que permitirá que en México haya más crédito y más barato; y otros temas como el sistema fiscal.

“México, como comentaba, es el país que está recibiendo más denuncias (ante el sistema interamericano de justicia). Más o menos, en número redondos, el 20 por ciento de las denuncias que se reciben son de temas de México” del promedio de 2 mil quejas que se presentan anualmente ante la CIDH, indicó el especialista al término de su participación en el seminario Reflexiones en torno al ombudsman.

El 20 por ciento del total de las denuncias que se presentan cada año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen que ver con México, lo que convierte a este país en el más demandado del continente, a pesar de que es el que más gasta en sus organismos públicos de defensa de las garantías individuales, afirmó el secretario ejecutivo de dicho organismo, Emilio Álvarez Icaza. “México, como comentaba, es el país que está recibiendo más denuncias (ante el sistema interamericano de justicia). Más o menos, en número redondos, el 20 por ciento de las denuncias que se reciben son de temas de México” del promedio de 2 mil quejas que se presentan anualmente ante la CIDH, indicó el especialista al término de su participación en el seminario Reflexiones en torno al ombudsman. La mayoría de esas denuncias, explicó, tienen que ver con abuso de autoridad de integrantes del Ejército, la Marina y la Policía, así como falta de acceso a la justicia o violaciones al debido proceso. “Hay una alta correlación –dijo—entre operativos de seguridad y denuncias”. Lo anterior contrasta con el hecho de que México es el país del continente que más gasta en sus organismos públicos de defensa de los derechos humanos, pues las comisiones nacional y estatales reciben un presupuesto conjunto de 200 millones de dólares al año. Por otro lado, Álvarez Icaza lamentó que aunque México se ha abierto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, sigue habiendo un gran rezago en el país en lo que se refiere a la investigación y castigo a los responsables de los abusos.