Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público. En entrevista radiofónica, sostuvo que "el cambio en el régimen fiscal de Pemex no debe compensarse ni a través de mayores impuestos, ni mayor endeudamiento del gobierno mexicano, los cambios que se hagan de manera general son cambios que tendrán que discutirse por mérito propio, no para subsanar el régimen del petróleo".

Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público. En entrevista radiofónica, sostuvo que "el cambio en el régimen fiscal de Pemex no debe compensarse ni a través de mayores impuestos, ni mayor endeudamiento del gobierno mexicano, los cambios que se hagan de manera general son cambios que tendrán que discutirse por mérito propio, no para subsanar el régimen del petróleo". Expuso que la carga fiscal de Pemex no se reducirá de un día para otro, sino que este proceso se realizará conforme genere mayores ganancias. "El nuevo régimen tendrá que permitir a la empresa recuperar sus costos, tener regalías y pagar regalías al gobierno mexicano por la explotación del campo", dijo. Utilidad vs renta. En cuanto a los contratos de utilidad compartida, también propuestos en la reforma energética, Videgaray dijo que no significará compartir la renta petrolera con empresas internacionales que inviertan en el sector. Mencionó que este tipo de contratos permitirá financiar las grandes inversiones que se requieren, pero sin endeudar al Estado o a Petróleos Mexicanos y sin compartir la renta petrolera. "Se busca que en el diseño de estos contratos y el que se aplique con un régimen fiscal nuevo, se separe la utilidad y la renta petrolera". Abundó que de 1917 hasta 1940 se aplicaba el régimen de concesiones, que no aseguraron un auténtico control de la reserva petrolera; pero también existe el contrato de producción compartida, basado en pagarle a la empresa con petróleo, así como el de utilidad compartida, en que el particular tiene que invertir recursos y si no se obtiene petróleo, existe una pérdida por parte del particular. Además, todo el petróleo lo recibe el Estado mexicano y se lo comparte al particular. O el contrato de servicios: modalidad que actualmente existe en México, ya que la iniciativa privada está participando en el sector petrolero. El particular hace lo que dice Pemex y cobra en lo que dice el contrato. En la reforma del Ejecutivo, se eligió el contrato de utilidad compartida, el cual será administrado por el Estado mexicano a través de la Secretaría de Energía y principalmente por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. "Es más conveniente para México, para que las reservas se mantengan en propiedad del Estado mexicano al 100 por ciento". Por lo que los contratos serían por licitación, a excepción de Pemex, que contará con variables de asignación. De aprobarse este modelo, el Estado pagaría una utilidad menor al 50 por ciento por proyecto a las empresas que quieran asociarse para invertir en hidrocarburos. Por su parte, Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario de Hacienda, reiteró que la reforma energética habrá de permitir la generación de más empleos, mayor actividad económica y, por ende, mayor crecimiento económico, fortaleciendo así la soberanía nacional. Sener Se busca mayor explotación de recursos El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que la reforma energética busca una mayor explotación de los recursos y estimular la inversión en aquellos no convencionales, lo que permitirá incrementar la producción de petróleo y gas natural. En la presentación de la Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural, señaló que con esta medida se pretende revertir el déficit de este combustible que enfrenta México y aumentar la producción. Expuso que en el periodo de diciembre de 2012 a julio pasado se presentaron 15 alertas críticas, durante las cuales Pemex Gas y Petroquímica Básica solicitó reducir el consumo del energético en 462 millones de pies cúbicos diarios en promedio. Sin embargo, señaló que gracias a las acciones que están en proceso de implementarse en cuanto al gas natural, por octava semana no se han declarado alertas críticas en el país desde el pasado 23 de junio.