Reforma a la ley de amparo, cambio jurídico en la dinámica nacional.

En el 2011, se realizaron reformas a los artículos 103 y 107 de la Constitución. Sin embargo, apenas el día de ayer entró en vigor la nueva ley de amparo reglamentaria de estos artículos, y con ella, cambios importantes en la dinámica nacional para el imperio de la ley. La noticia puede resultar muy positiva por su potencial avance en el establecimiento del estado de derecho. Esta nueva ley de amparo tendrá implicaciones positivas en términos de protección y alcances para los ciudadanos. Para empezar, ahora podrán promover un juicio de amparo en contra de normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos y garantías reconocidas en la Constitución según el artículo I. Además, ya no será necesario demostrar una afectación de forma directa (interés jurídico) para usar el recurso del amparo y solamente se deberá demostrar un interés legítimo. Un ejemplo paradigmático en el que se podría hacer efectivo el acceso al juicio de amparo en virtud del interés legitimo y no jurídico, es el reciente caso de la pretensión de una serie de ciudadanos que interpusieron un amparo para que no se condonen adeudos fiscales con el SAT a los estados. Otro punto a destacar es la posibilidad de que el amparo puede tener efectos erga omnes (referente a todos) y ya no sólo a los individuos particulares o personas morales que lo hubieren solicitado. Sin embargo, desgraciadamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público logró deslindarse de esta disposición toda vez que se exceptúan los casos referentes a normas tributarias. Por otro lado, en la fracción XIII del artículo 129 se limita la suspensión sólo cuando se trate de bienes de la nación comprendidos en el artículo 27 constitucional; es decir, las empresas seguirán teniendo la posibilidad de ampararse frente a resoluciones emitidas por parte de la autoridad, pero mientras el sistema judicial resuelva el amparo, las disposiciones deberán de acatarse de forma inmediata. La razón de este cambio fue la acumulación de abusos a lo largo del tiempo por parte de empresas que pretendían esquivar sus obligaciones. Cabe preguntarse si a raíz con este nuevo régimen México será una sociedad más litigiosa. Luis de la Calle.